El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, se ha transformado poco a poco en el vocero judicial del Gobierno.
En los escándalos de corrupción relacionados con las fundaciones y Revolución Democrática, el secretario de Estado ha estado presente siempre.
Y es que el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile se ha transformado en la fuente oficial para revisar consecuencias de las denuncias por corrupción.
En ese plano, el secretario de Estado, hace unos días, anunció que el Ejecutivo «esperaba la restitución de los dineros fiscales de parte de la fundación Democracia Viva».
Ahora, la figura de Luis Cordero volvió a trascender, al asegurar que el Ejecutivo espera que la cuestionada fundación restituya los fondos entregados por el Fisco en un plazo de 30 días.
Pero ¿a qué se debe la intervención del ministro Luis Cordero, si la indagación está radicada en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu)?.
Para diversos entendidos, lo que el Ejecutivo busca encapsular las posibles consecuencias del caso Democracia Viva en lo administrativo, para no llegar a lo penal.
Ello, porque una eventual configuración de delitos como fraude o estafa quedarían extintos si no se concreta el daño.
Sobre la base de esta tesis, cuentan en La Moneda, el problema de Democracia Viva con el Minvu sentaría un precedente que podría frenar en lo administrativo el futuro penal de otros casos.
Nueva ‘vocería’
Este jueves el ministro Luis Cordero volvió a intervenir al asegurar que Democracia Viva tendrá 30 días para devolver los recursos públicos entregados por Vivienda.
El secretario de Estado dijo desde La Moneda que se » ha dictado una resolución, que le ha sido comunicada a Democracia Viva para efectos de terminar los tres contratos que tenía con el Ministerio de Vivienda”.
“En la resolución no solo se pone término al convenio, sino que además se ordena la restitución de los dineros y la liquidación del contrato, la que se debe realizar en los próximos cinco días“, dijo.