Comisión sepultó acusación contra el ex ministro de Economía y Hacienda, Nicolás Grau, y expuso fractura en la oposición tras conocerse quiebre en los dos mundos oficialistas.
La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, comenzó a derrumbarse antes de llegar a la Sala.
La comisión revisora de la Cámara de Diputados rechazó hoy lunes el libelo impulsado por Republicanos, libertarios y parte de la oposición.
Así, dejó al descubierto una división política que terminó siendo tan relevante como el propio contenido de la acusación.
La señal es difícil de ignorar: una ofensiva presentada como uno de los principales golpes políticos contra el Gobierno terminó encontrando resistencia incluso entre parlamentarios opositores.
El voto que cambió el escenario
Comisión sepultó acusación contra Nicolás Grau y expuso fractura en la oposición.
Durante el fin de semana, el diputado Diego Schalper anunció que votaría en contra de la acusación, acompañado por otros parlamentarios de Renovación Nacional.
La decisión alteró completamente el cálculo político de los impulsores del libelo.
La tesis de Schalper fue directa: continuar utilizando las acusaciones constitucionales como herramientas de confrontación política termina debilitando la institucionalidad y profundizando la polarización.
El problema para los promotores de la acusación es que la señal no provino del oficialismo, sino desde la propia oposición.
Libelo con dificultades jurídicas
La defensa de Grau, encabezada por el abogado Patricio Zapata, sostuvo desde el comienzo que el libelo carecía de fundamentos constitucionales suficientes.
A juicio de Zapata el texto intentaba convertir discrepancias técnicas y proyecciones económicas en responsabilidades políticas susceptibles de destitución.
La estrategia apuntó incluso a plantear la denominada cuestión previa, mecanismo destinado a impugnar la admisibilidad del texto antes de discutir el fondo de las acusaciones.
El propio Zapata sostuvo que la acusación no alcanzaba el mínimo exigible para activar una herramienta constitucional de esta naturaleza.
El mundo económico cerró filas
Uno de los aspectos más llamativos del proceso fue el apoyo que recibió el exministro desde sectores técnicos y económicos.
Exministros de Hacienda de distintas administraciones, incluyendo figuras de la ex Concertación, cuestionaron públicamente la utilización de una acusación constitucional para resolver discrepancias relacionadas con proyecciones fiscales y estimaciones presupuestarias.
Andrés Velasco fue particularmente duro, calificando la acción como una acusación «frívola» y expresando su esperanza de que la Cámara la rechazara.
La señal fue relevante porque trasladó la discusión desde el terreno político al institucional.
De este modo, la iniciativa del ala más derechista del oficialismo comenzó su duro tránsito hacia la derrota.