La violencia del narco dejó de ser un rumor de pasillos y se instaló —otra vez— en la primera línea política. La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, lanzó una denuncia que sacudió al mundo municipal: bandas vinculadas al narcotráfico habrían ofrecido $100 millones para pagar su asesinato. Una amenaza directa, brutal y sin eufemismos, que —según la propia autoridad— ya fue puesta en conocimiento del Ministerio Público.
La jefa comunal reveló que la información le llegó a través de vecinos y redes territoriales que alertaron sobre conversaciones y movimientos sospechosos. Lejos de bajarle el perfil, aseguró que los antecedentes fueron corroborados e incluso existirían personas identificadas en la investigación. No se trataría, por tanto, de un simple “comentario de barrio”, sino de un plan que estaría siendo seguido por la Fiscalía.
Narcos ponen precio a su vida
Detrás de la amenaza —acusa— hay un motivo claro: la ofensiva municipal contra estructuras delictuales instaladas en la comuna. Demoliciones de inmuebles asociados al narco, recuperación de espacios tomados y acciones contra puntos de venta de droga habrían incomodado a las bandas. Entre los episodios más sensibles figura la intervención de recintos denunciados por vecinos como focos de criminalidad, lo que habría detonado la represalia.
El caso escaló rápidamente a nivel nacional. Desde el mundo municipal expresaron respaldo transversal y exigieron medidas de protección reforzadas, considerando además que la alcaldesa cuenta con resguardo policial permanente. La gravedad del amedrentamiento —propio de lógicas de sicariato— volvió a instalar una pregunta incómoda: cuánto territorio han ganado las bandas para atreverse a fijar precio por la cabeza de una autoridad electa.
Porque más allá del impacto mediático, el episodio expone una tensión de fondo: cuando los municipios avanzan sobre enclaves narco, la respuesta deja de ser política y pasa a ser criminal. Y en ese cruce peligroso —donde la seguridad local se juega cuerpo a cuerpo— la amenaza contra Reyes no solo apunta a una persona, sino a la frágil frontera entre Estado y territorio.