Un caso que estremeció a Curicó durante la pandemia llegó a una nueva etapa judicial. El Tribunal Oral en lo Penal de la ciudad dictó veredicto condenatorio contra Ketty de las Mercedes Castro Cáceres, acusada de mantener oculto durante años el cadáver de su madre para continuar cobrando beneficios económicos asociados a ella. La sentencia definitiva se conocerá el próximo 25 de septiembre.
La historia salió a la luz en 2021, cuando una denuncia por presunta desgracia permitió que las autoridades ingresaran a una vivienda ubicada en el sector de Aguas Negras. En el inmueble encontraron el cuerpo de la mujer, fallecida varios años antes y en estado de momificación. La investigación estableció posteriormente que su hija habría mantenido el cadáver oculto con el propósito de seguir percibiendo su pensión de montepío.
El fiscal jefe de Curicó, Miguel Gajardo, explicó que la investigación permitió establecer que Castro Cáceres actuó con una finalidad económica. “Había mantenido oculta a su madre fallecida con la intención clara de aprovecharse de las pensiones de Montepío que ella recibía de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional”, sostuvo el persecutor.
Para mantener el flujo de dinero, la Fiscalía acreditó además la utilización de documentación falsa. Según los antecedentes expuestos durante el juicio, la acusada falsificó cartas poder que presentó ante Capredena, mecanismo mediante el cual obtuvo prestaciones que no le correspondían durante aproximadamente cuatro años.
Condenan a mujer que ocultó el cadáver momificado de su madre
El perjuicio, además, no habría quedado limitado a las pensiones. Durante la investigación se estableció que Castro Cáceres también accedió a beneficios estatales entregados durante la pandemia y registró cargas familiares que no correspondían. Estos hechos también fueron considerados por el tribunal al momento de emitir el veredicto condenatorio.
Uno de los capítulos más particulares del proceso estuvo relacionado con la estrategia de la defensa. El juicio permaneció suspendido durante cerca de un año debido a la discusión sobre una eventual inimputabilidad por enajenación mental. Sin embargo, las pericias realizadas por el Servicio Médico Legal descartaron esa condición, permitiendo que el proceso judicial continuara hasta los alegatos finales y el veredicto.
La resolución judicial fue parcial respecto de la acusación original, ya que algunos de los períodos incluidos por la Fiscalía estaban prescritos. No obstante, el tribunal sí estableció responsabilidad penal por la obtención fraudulenta de prestaciones y por hechos relacionados con la falsificación de documentos.
Ahora queda pendiente conocer cuál será el castigo concreto. El fiscal Gajardo confirmó que el 25 de septiembre, a las 13:00 horas, se realizará la lectura de sentencia, instancia en que el tribunal determinará las penas correspondientes y si estas serán de cumplimiento efectivo o podrán ser sustituidas.
