La controversia se produce en medio de una movilización que ya dejó de ser un problema exclusivamente gremial. El alza de los combustibles, el costo de operar y las dificultades que enfrentan los pequeños transportistas instalaron un conflicto que golpea directamente al Gobierno y que también tiene consecuencias para quienes dependen de las carreteras para trabajar, trasladarse y abastecerse.
La discusión no es menor. Mientras el Ejecutivo ha insistido en la necesidad de respetar el libre tránsito, los camioneros movilizados sostienen que sus demandas no han recibido respuestas suficientes. El dirigente Claudio Banda, apostado en la Ruta 5 Sur, reconoció incluso haber votado por el actual mandatario, pero expresó su decepción: “Yo voté por este presidente, pero no sabía lo que se venía”.
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El Gobierno anunció medidas para contener el impacto de los combustibles, entre ellas congelar sus precios hasta febrero y revertir el incremento que debía aplicarse. Sin embargo, los anuncios no consiguieron terminar inmediatamente con las protestas, dejando en evidencia que el conflicto tiene más aristas que una discusión puntual sobre el valor del diésel.
En paralelo, las críticas a la conducción política del conflicto han ido creciendo. La senadora Paulina Vodanovic cuestionó la oportunidad de las medidas y acusó una falta de comprensión de lo que ocurre en el país. “La falta de una visión de gobierno respecto a la real situación que está ocurriendo en Chile es dramática”, sostuvo.
También desde otros sectores se ha advertido que el Ejecutivo debe escuchar a los nuevos liderazgos del transporte y no limitar las conversaciones a las organizaciones tradicionales. La dirigenta Patricia Angulo, de Fenatrac, resumió el malestar de los pequeños transportistas con una frase que refleja la dimensión económica del problema: “Somos pymes, no grandes transportistas, y estamos muriendo”.
