Una nueva controversia golpea a la administración pública chilena. La Contraloría General de la República detectó que 315 funcionarios y servidores públicos mantienen condenas penales y continúan vinculados a distintas reparticiones del Estado, pese a las restricciones que establece la legislación para ejercer cargos en la administración pública.
El hallazgo quedó consignado en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N.º 29, elaborado mediante un cruce de información del Registro Nacional de Condenas, el Servicio Electoral (Servel) y el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER).
Los antecedentes revelan que las 315 personas están asociadas a 317 registros de condenas, ya que dos funcionarios presentan más de una sentencia. Del total, 166 corresponden a trabajadores del Gobierno Central y otros 149 se desempeñan en gobiernos locales.
La dimensión del problema también queda reflejada en la naturaleza de las sentencias: 73 corresponden a condenas por crímenes y 244 a simples delitos. Una cifra que vuelve a poner bajo cuestionamiento los mecanismos de control, fiscalización y selección de quienes trabajan en instituciones financiadas por todos los chilenos.
Carabineros, Ejército y municipios: las instituciones que concentran los casos
El desglose institucional muestra que Carabineros de Chile aparece en el primer lugar, con 84 funcionarios identificados por el informe. Le sigue el Ejército, con 22 casos, mientras que la Armada registra ocho y la Fuerza Aérea cinco.
En el ámbito municipal, la Municipalidad de Valdivia aparece con seis trabajadores condenados. También figuran Hualpén, Tierra Amarilla, Chillán y Puerto Montt, con cuatro casos cada una, además de Tocopilla, con tres funcionarios.
Sin embargo, la publicación del informe abrió una controversia adicional. Este miércoles 18 de noviembre, Carabineros salió a cuestionar las cifras y aseguró que los casos correspondientes a su institución son 74 y no 84, como establece el documento de Contraloría.
La institución sostuvo que esas personas ya no pertenecen a sus filas, debido a que se encuentran en retiro absoluto, fueron desvinculadas o mantienen procesos de retiro y suspensión del empleo en trámite desde 2019. La diferencia entre ambos registros agrega una nueva interrogante sobre la actualización y coordinación de las bases de datos estatales.
Contraloría exige investigaciones y apunta a posibles omisiones
El problema no se limita a la existencia de condenas. La Contraloría puso el foco también en la eventual responsabilidad de las instituciones que no habrían informado oportunamente estos antecedentes o que no habrían iniciado los procedimientos correspondientes para aplicar la denominada inhabilidad sobreviniente.
El artículo 54, letra c), de la Ley 18.575 establece restricciones para ingresar a la Administración del Estado a personas condenadas por crimen o simple delito. La normativa contempla, además, situaciones particulares para determinados cargos auxiliares y administrativos, por lo que cada caso debe analizarse conforme a sus condiciones legales.
Frente a los hallazgos, el organismo fiscalizador instruyó iniciar investigaciones para establecer eventuales responsabilidades administrativas. También solicitó revisar si las condenas fueron consideradas en las evaluaciones de desempeño de los funcionarios, particularmente en materias relacionadas con comportamiento social y probidad.






