Una investigación de la PDI y la Fiscalía Centro Norte destapó un presunto esquema de agresiones sexuales, grabaciones sin consentimiento y extorsiones que habría operado en distintos puntos de Santiago. El principal imputado es un ciudadano peruano de 26 años, detenido tras diligencias que permitieron establecer un patrón que, según los investigadores, podría involucrar a muchas más personas de las inicialmente denunciadas.
De acuerdo con los antecedentes entregados por la policía, el sujeto utilizaba redes sociales para contactar a sus víctimas y se presentaba como un médico de nacionalidad mexicana, una identidad que habría utilizado para generar confianza. Los encuentros posteriormente se concretaban en la comuna de Santiago y otros lugares, donde presuntamente registraba imágenes íntimas sin autorización y después utilizaba ese material como mecanismo de presión.
El subprefecto Rodrigo Gómez, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana, explicó que el mecanismo habría sido reiterativo. “El sujeto contactaba a las víctimas a través de redes sociales (Grindr), se juntaba con ellas en algún sector de la comuna de Santiago, concurría a algún motel, y en ese lugar la extorsionaba”, detalló el funcionario. Según la investigación, al menos una víctima habría sido amenazada para mantener relaciones sexuales.
Pero el caso tomó una dimensión mayor cuando los detectives revisaron los dispositivos incautados en el domicilio del imputado. La PDI encontró una CPU, un teléfono celular y un disco duro, este último con información que apunta preliminarmente a unas 40 potenciales víctimas. La cifra, sin embargo, todavía debe ser depurada y corroborada durante la investigación.
Falso médico en Santiago habría grabado y extorsionado
El perfil de las posibles víctimas también sorprendió a los investigadores. Según la PDI, habría universitarios, hombres, mujeres y menores de edad, lo que llevó a ampliar las diligencias para determinar cuántas personas pudieron haber sido afectadas y qué delitos específicos podrían acreditarse en cada caso. Algunas denuncias iniciales incluso habrían ingresado bajo figuras como amenazas o extorsión y no necesariamente como delitos sexuales.
La fiscal Mariela Cid, de la Fiscalía Centro Norte, explicó que existe un elemento que se repite en los casos investigados: “En cada uno de los hechos se repite el modus operandi de amenazar a las víctimas con anterioridad al encuentro, durante el encuentro y con posterioridad”. Las amenazas, agregó, estaban relacionadas principalmente con la eventual divulgación de fotografías o videos íntimos.
El imputado fue formalizado por delitos de connotación sexual, extorsión y hechos relacionados con material que involucra a niños, niñas y adolescentes. El tribunal decretó prisión preventiva y estableció un plazo de 180 días para desarrollar nuevas diligencias. La Fiscalía deberá ahora contrastar la evidencia digital, identificar a eventuales víctimas y determinar el alcance real de la presunta operación.
El caso deja además una advertencia que trasciende la investigación puntual: la policía llamó a las eventuales víctimas a denunciar, especialmente porque parte de los antecedentes encontrados podría corresponder a personas que todavía no han acudido a las autoridades. La evidencia incautada podría transformar una causa que inicialmente parecía acotada en una investigación de mayor alcance sobre extorsión mediante material íntimo y delitos sexuales cometidos contra personas de distintas edades.
