Los funcionarios Fach que fueron sancionados por negarse a subir a vuelo por temor contraatacan con recurso judicial.
Los 10 aviadores acusan medidas arbitrarias y “juntas secretas” en su desvinculación, tras alertar sobre fallas técnicas en un Hércules C-130.
Diez funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, tras ser sancionados por negarse a abordar un avión Hércules C-130 con desperfectos técnicos en plena operación hacia la Antártica.
Los afectados acusan que fueron castigados de manera injusta, incluidos en la lista anual de retiros y que se vulneraron sus derechos fundamentales.
El hecho se remonta al 15 de diciembre de 2024, durante la operación Glaciar Unión, en el marco de la Campaña Polar Científica.
Técnicos y pilotos advirtieron a sus superiores sobre discrepancias en los indicadores de combustible del avión C-130, problema similar al registrado por la aeronave que cayó en 2019 con 38 víctimas fatales.
Ante el riesgo, los 10 funcionarios se negaron a volar y presentaron informes con sus observaciones.
Pese a ello, fueron sancionados inicialmente, aunque se mantuvieron en servicio activo.
Sin embargo, el 3 de julio de 2025 una ‘junta especial calificadora’, presidida por el comandante Andrés Leiva Divasto, resolvió bajarles las notas.
También se les añadió sus nombres a la lista de retiros, medida que entraría en vigencia el 30 de septiembre.
El recurso sostiene que los castigos son ilegales y arbitrarios, al haberse aplicado sanciones múltiples por un mismo hecho y constituirse comisiones que no se ajustan a la normativa.
Los aviadores denuncian la existencia de ‘juntas secretas’ que decidieron su desvinculación sin transparencia ni fundamentos claros.
Funcionarios sancionados contraatacan con recurso
“Con fecha 17 de julio de 2025, una junta secreta y desconocida resolvió mantener la decisión de incluirlos en lista de retiros, sin expresar fundamento ni explicación alguna”, señala el escrito.
Incluso, tras nuevas solicitudes de información, se les comunicó en agosto que otra junta secreta confirmó la medida.
Los funcionarios, representados por el abogado Rafael Harvey, reclaman que no se ha informado la identidad de los integrantes de las juntas.
A juicio del abogado, tampoco se les ha comunicado si las decisiones fueron adoptadas por mayoría o unanimidad.
Aseguran que estas prácticas vulneran tanto la normativa constitucional como tratados internacionales de derechos humanos.
Con el recurso, los 10 aviadores buscan dejar sin efecto las resoluciones disciplinarias y su retiro forzoso.
Este debe hacerse efectivo el próximo 30 de septiembre.
