La controversia por las rebajas de condenas concedidas durante el gobierno de José Antonio Kast sumó un nuevo capítulo y ahora apunta directamente a personas condenadas por narcotráfico. Una investigación de Interferencia, que revisó 150 decretos de reducción de penas a ciudadanos extranjeros, detectó que 115 beneficiaron a condenados por delitos relacionados con drogas. La revelación abrió otro flanco para el Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat.
El dato que más ruido genera es que los decretos revisados no corresponden a una decisión aislada. Según Interferencia, el Ministerio utilizó reiteradamente el mismo argumento jurídico, basado en fallos de tribunales superiores, para justificar que no podía rechazar una reducción de condena únicamente por la gravedad del delito. En los documentos se lee: “Este Ministerio no está habilitado para denegar el beneficio de reducción de condena fundado en la gravedad del delito y el bien jurídico protegido”.
Entre los casos más impactantes aparece el de Jhoel Ramos Antesana, condenado a cinco años y un día de cárcel por su participación en una operación de traslado de drogas en la Región de Tarapacá. El cargamento incluía 867 kilos de marihuana, 198,7 kilos de cocaína y 25,3 kilos de pasta base, con un valor estimado superior a los mil millones de pesos. Pese a la magnitud de la operación, el Ministerio de Justicia le redujo tres meses de condena en mayo, por lo que su pena terminó apenas dos días después de firmado el decreto.
Gobierno de Kast bajo presión
Otro antecedente que despierta cuestionamientos es el de Fredy Orlas Heredia, condenado por transportar 52 kilos de pasta base. Un informe de Gendarmería lo calificó con “nivel de riesgo de reincidencia alto” y la Comisión de Libertad Condicional de Antofagasta rechazó su solicitud de salida en 2025, señalando que no había demostrado avances en su reinserción. Sin embargo, en junio de 2026 recibió una rebaja de seis meses firmada por Luis Silva, entonces subsecretario y ministro subrogante.
La investigación también identificó a 13 extranjeros condenados por tráfico de drogas que fueron detenidos en la frontera norte o en rutas cercanas. Ocho son bolivianos, tres venezolanos, un colombiano y una argentina. En cinco de esos casos, las sentencias establecieron que habían ingresado a Chile por pasos no habilitados. Entre ellos figura Wilber Tenajas Orellana, quien recibió una reducción de siete meses después de ser condenado por un caso que involucró 291,5 kilos de marihuana.
La polémica se agrava porque esta revelación aparece apenas días después de que se conocieran las rebajas de condena otorgadas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Ambos episodios comparten el criterio jurídico invocado por el Ministerio, aunque corresponden a categorías delictivas distintas. El Ejecutivo anunció el 23 de octubre la suspensión de la tramitación de decretos relacionados con condenados por delitos sexuales contra menores y posteriormente comprometió cambios legales para impedir que accedan a esos beneficios.
El ministro Fernando Rabat y el Ministerio de Justicia quedan nuevamente bajo presión por la forma en que se aplicaron estos beneficios. La discusión ya no se limita a la interpretación de una norma: también apunta a la responsabilidad política de quienes firmaron los decretos y a la capacidad del Estado para evaluar los antecedentes de cada condenado antes de adelantar su salida de prisión.
