En medio de un debate presupuestario marcado por los ajustes fiscales, el Gobierno de José Antonio Kast incorporó una disposición específica para financiar los servicios de asistencia religiosa de las capellanías que funcionan en el Palacio de La Moneda. La decisión introduce un cambio respecto de los presupuestos anteriores y vuelve a poner sobre la mesa una discusión sensible: cómo se distribuyen los recursos públicos y qué actividades deben contar con una autorización expresa dentro del aparato estatal.
La modificación aparece en la partida de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), cartera de la que depende la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos (ONAR). La glosa establece que se podrán financiar, con cargo al gasto en personal del ministerio, los servicios de asistencia religiosa prestados por las capellanías del Palacio. La disposición considera las representaciones católica, evangélica y judía, presentes en la sede del Ejecutivo.
El detalle no es menor. La glosa de gastos en personal de la Segpres contempla cerca de $8.745 millones, pero esa cifra corresponde al conjunto de dicho ítem presupuestario y no a una asignación exclusiva para las capellanías. El proyecto no precisa cuánto dinero se destinaría concretamente a estas actividades ni aclara si la autorización se traducirá en nuevas contrataciones o en pagos asociados a servicios religiosos que ya se prestaban.
Desde la Segpres defendieron la medida y explicaron que su objetivo es ordenar administrativamente estas actividades. Según la cartera, la incorporación busca establecer procedimientos “objetivos y trazables” para coordinar su funcionamiento, incluyendo programación, revisión de antecedentes, disponibilidad de espacios, condiciones de seguridad y registro administrativo. El ministerio también sostuvo que la autorización se aplicará con cargo al presupuesto disponible, “sin que implique un gasto adicional”.
Gobierno de Kast blinda financiamiento para capellanías
La explicación oficial apunta a la formalización y al control administrativo, no a la creación de un nuevo beneficio presupuestario. Sin embargo, el cambio adquiere relevancia política porque ocurre mientras el Ejecutivo impulsa un ajuste que afecta a distintos programas públicos. De acuerdo con antecedentes publicados por BioBioChile, la propuesta presupuestaria contempla rebajas para 220 programas, por un monto global de $793 mil millones. En ese escenario, cada decisión sobre el uso de fondos fiscales queda expuesta a un escrutinio mayor.
La discusión también toca un asunto institucional: el lugar que ocupa la asistencia religiosa dentro de un Estado que debe garantizar la libertad de culto y un trato igualitario entre las distintas confesiones. La presencia de capellanías no es nueva en La Moneda; lo novedoso es que el proyecto de Presupuesto 2027 incorpore una autorización explícita para financiar sus servicios. La pregunta, por tanto, no es solo si estos recursos pueden utilizarse, sino bajo qué criterios se asignan, cómo se registran y qué mecanismos permitirán fiscalizar su uso.
El diputado de Renovación Nacional Eduardo Durán valoró que el presupuesto contemple expresamente la posibilidad de financiar la asistencia religiosa y planteó la importancia de asegurar un trato igualitario entre las confesiones, “sin privilegios ni exclusiones, y con transparencia en el uso de los recursos públicos”. Su postura pone el foco en una exigencia que trasciende las diferencias religiosas: que las decisiones sobre fondos estatales puedan ser justificadas y revisadas.
Con el proyecto todavía sujeto a la discusión presupuestaria, la controversia no se resolverá únicamente con la explicación de que no habrá gasto adicional. La claridad sobre los montos efectivamente utilizados, los servicios financiados y los procedimientos de control será clave para despejar dudas. En un contexto de recortes, el Gobierno deberá demostrar que la formalización de estas actividades responde a criterios administrativos verificables y que el manejo de los recursos públicos se ajusta a las mismas exigencias de transparencia que se demandan al resto del Estado.
