El incendio que afectó a dependencias de la Universidad San Sebastián vuelve a instalar una pregunta incómoda: ¿por qué una investigación destinada a esclarecer un hecho grave terminó sin responsables identificados? El caso suma un nuevo elemento de controversia tras las denuncias sobre la supuesta presencia de dos carabineros infiltrados, un antecedente que abre interrogantes sobre el desarrollo de las diligencias y el papel de los organismos policiales durante los acontecimientos.
La ausencia de personas identificadas como responsables deja un flanco abierto en una investigación que debía determinar cómo se originó el fuego, quiénes participaron y qué ocurrió antes y después del incidente. Cuando un episodio de esta naturaleza termina sin respuestas concluyentes, no solo persiste la incertidumbre sobre sus autores: también queda en entredicho la capacidad de esclarecer los hechos con pruebas suficientes.
Videos, testimonios y antecedentes que no llegaron al expediente
El exdirector nacional de Seguridad de la USS, Jorge Barraza, aseguró que revisó las cámaras de vigilancia y reconoció a dos funcionarios de la Dirección de Inteligencia de Carabineros: David Gaete y Óscar Cifuentes. Según el reportaje de investigación publicado por Reportea, Barraza declaró ante la Policía de Investigaciones (PDI) en 2021, pero su testimonio y el informe asociado no aparecen en la carpeta judicial.
Uno de los puntos más delicados es que, según esa investigación periodística, el fiscal José Morales solicitó información sobre ambos policías para determinar qué funciones cumplían y si se encontraban en las inmediaciones o dentro del recinto durante el incendio. La petición no permitió acceder a los antecedentes requeridos: el Ministerio del Interior, encabezado entonces por Rodrigo Delgado, invocó el carácter reservado de la información de inteligencia. El entonces fiscal nacional, Jorge Abbott, rechazó levantar esa reserva, según el reportaje.
Incendio en la Universidad San Sebastián
El episodio ocurrió el 27 de diciembre de 2019, en plena crisis social. La sede Bellavista de la USS fue atacada por una multitud y parte de sus instalaciones resultó afectada por un incendio. Las grabaciones revisadas por el equipo de seguridad habrían mostrado a un sujeto con máscara antigás ingresando a una sala donde posteriormente se originó el fuego. Sin embargo, la identificación de esa persona y las circunstancias del siniestro deben distinguirse de una determinación judicial de responsabilidad: no hubo condenados por el incendio.
El caso también arrastra cuestionamientos sobre el destino de los antecedentes reunidos durante las diligencias. En marzo de 2023, el Ministerio Público decidió no perseverar en la investigación, que terminó sin imputados identificados judicialmente como responsables. La ausencia de una resolución que establezca quién inició el fuego deja sin respuesta una pregunta central para las víctimas y para la opinión pública.
La controversia no permite afirmar que los funcionarios señalados hayan provocado el incendio, pero sí plantea interrogantes sobre la transparencia de las investigaciones cuando aparecen antecedentes vinculados a organismos de inteligencia. Si existían registros y testimonios relevantes, resulta legítimo preguntar por qué no quedaron incorporados al expediente y qué obstáculos impidieron esclarecer los hechos. Cuando una causa termina sin responsables, la obligación de explicar lo ocurrido no desaparece: se vuelve todavía más urgente.
