El Presidente José Antonio Kast volvió a quedar en el centro de la controversia por el paro de camioneros. Esta vez, el Mandatario abordó directamente el precio de los combustibles, defendió los recursos que el Estado destina para contener las alzas y aprovechó la instancia para enviar un mensaje a los transportistas que mantienen movilizaciones en distintas zonas del país.
Sus declaraciones se produjeron durante una actividad relacionada con la puesta en operación de la región de infraestructura de Amazon Web Services (AWS) en Chile. Allí, Kast intentó explicar por qué, pese al encarecimiento de los carburantes, considera que el país mantiene una situación comparativamente favorable frente a otras naciones del continente.
El jefe de Estado aseguró que el apoyo fiscal alcanza los $170 por litro de petróleo y los $120 o más por litro de bencina. Con esos antecedentes, defendió la intervención estatal y sostuvo que los precios chilenos son inferiores a los de la mayoría de los países de América.
“Cuando en Chile uno carga un litro de petróleo, van 170 pesos de apoyo del Estado. Cuando uno carga un litro de bencina, van 120 o más pesos de apoyo del Estado”, afirmó Kast. Sin embargo, reconoció que las cifras no necesariamente reflejan la realidad cotidiana de quienes deben llenar sus estanques para trabajar y sostener sus actividades.
Kast defiende el precio de los combustibles
El momento más contundente llegó cuando el Presidente apuntó directamente a las consecuencias de mantener interrumpidas las carreteras. “Hoy día puede ser un tema puntual en una situación en una carretera, pero eso prende las alarmas en el mundo entero”, advirtió, vinculando el respeto al libre tránsito con la confianza de los inversionistas y la generación de nuevos empleos.
Su mensaje fue todavía más directo: “Si alguien quiere tener más trabajo, bueno, tiene que cumplir la ley. Si alguien quiere que haya más inversión en Chile, tiene que permitir el libre tránsito”. Kast también sostuvo que las manifestaciones son legítimas, pero insistió en que deben desarrollarse dentro del marco legal.
Las palabras presidenciales llegan en un escenario complejo. Los transportistas han manifestado su rechazo al encarecimiento del diésel y han exigido medidas que permitan enfrentar los mayores costos de operación. El conflicto ha generado interrupciones en rutas estratégicas y preocupación por sus efectos sobre el abastecimiento y la actividad económica.
El Gobierno, por su parte, ha defendido las medidas anunciadas para contener las alzas y ha insistido en mantener abiertas las conversaciones con los gremios. Entre las propuestas figura un mecanismo para limitar los incrementos de los combustibles a $20 por litro durante 90 días, iniciativa que busca aliviar el impacto económico mientras se intenta destrabar la movilización.
