La investigación de FNM advierte que los gastos no terminan en los equipos contratados directamente por cada parlamentario. Los comités senatoriales ejecutaron otros $215 millones en personal de apoyo durante el trimestre analizado, mientras que las asesorías externas representaron un mecanismo adicional de contratación.
En este último apartado, 42 de los 50 senadores recurrieron a asesorías externas. Rojo Edwards encabezó ese registro con un promedio mensual de $5.914.667, seguido por Carlos Kuschel, con $4.448.223. Al sumar sus asesorías externas al personal de apoyo, Kuschel alcanzó un gasto aproximado de $20,5 millones mensuales entre ambos conceptos.
Ránking
El reportaje exhibió la lista de los senadores que más invirtieron en asesores durante el tiempo indagado (marzo-abril-mayo).
Estos alcanzaron los diez primeros puestos:
1- Carlos Kuschel (RN)
2- Iván Flores (DC)
3- Fabiola Campillai (Ind)
4- Juan Luis Castro (PS)
5- Claudia Pascal (PC)
6- Esteban Velásquez (FREVS)
7- Fidel Espinoza (PS)
8- Gustavo Sanhueza (UDI)
9- Karim Bianchi (Ind)
Millonarios gastos en asesores
El informe también plantea una cuestión de fondo: la normativa permite utilizar recursos de distintas asignaciones para financiar personal de apoyo, pero no establece un máximo de asesores por senador. Esto significa que los equipos pueden crecer mientras existan recursos disponibles y se respeten las disposiciones correspondientes.
Las cifras no demuestran por sí mismas irregularidades ni permiten afirmar que todos los parlamentarios estén haciendo un uso indebido de los fondos. Sin embargo, sí dejan en evidencia la necesidad de transparentar qué tareas realizan estos equipos, cómo se determinan sus remuneraciones y qué resultados concretos producen.
Porque mientras el país discute ajustes presupuestarios y las familias enfrentan el encarecimiento del costo de vida, el Congreso debe responder una pregunta básica: ¿están los millones destinados a asesores traduciéndose realmente en un mejor trabajo legislativo o estamos financiando estructuras políticas cuyo funcionamiento todavía necesita mayor fiscalización?
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