El conflicto entre el senador Manuel José Ossandón y el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, está lejos de cerrarse. Este martes 20 de octubre, ambos protagonizaron un nuevo capítulo de su enfrentamiento judicial, luego de que el parlamentario rechazara las explicaciones entregadas por el jefe comunal en el marco de la querella por injurias graves que presentó en su contra.
La controversia se originó por las declaraciones de Toledo en redes sociales, donde cuestionó los gastos asociados a los traslados del senador durante 2025. El alcalde difundió la cifra de $46 millones como gasto en combustible, tomando como referencia un reportaje que abordaba las asignaciones de traslado del parlamentario. Sin embargo, ese monto correspondía a una categoría más amplia, que incluía bencina, peajes, arriendo de vehículos y estacionamientos.
Ossandón sostiene que la diferencia no es menor. En la acción judicial afirmó que el gasto en combustible suyo y de su equipo alcanzó los $8.660.945, cifra considerablemente inferior al total que se difundió públicamente. El senador considera que presentar los $46 millones como un desembolso exclusivo en bencina dañó su imagen y lo expuso a cuestionamientos e insultos.
Ossandón rechaza explicaciones de Toledo
Durante la audiencia, Toledo manifestó que nunca tuvo la intención de injuriar, deshonrar ni desacreditar al parlamentario. También planteó que había rectificado previamente sus dichos en redes sociales, aclarando que el monto cuestionado incluía otros gastos asociados a los traslados. Sin embargo, esa explicación no fue suficiente para poner fin a la disputa.
El senador exigió una disculpa que, a su juicio, fuera más allá de una aclaración técnica. “Una cosa es estar en contra de las asignaciones parlamentarias, que no las puse yo, y otra cosa es dejarme como un sinvergüenza”, reclamó Ossandón durante el encuentro judicial, según declaraciones recogidas por la prensa. El parlamentario también sostuvo que la polémica ha tenido consecuencias en su vida cotidiana y en la percepción pública sobre su conducta.
La jueza consideró que las explicaciones entregadas no eran satisfactorias para cerrar esa etapa del procedimiento, al estimar que la rectificación no despejaba completamente el fondo de los dichos cuestionados. La defensa de Toledo reaccionó solicitando la inhabilitación de la magistrada, al considerar que se había pronunciado sobre aspectos de la controversia que debían seguir discutiéndose en el proceso.
La disputa continuará en tribunales. Según los antecedentes publicados este martes, la discusión de la audiencia de preparación de juicio oral y una solicitud de sobreseimiento quedaron fijadas para el próximo 3 de diciembre. Ossandón mantiene su acción judicial, en la que solicita tres años de reclusión y una multa de 20 UTM para el alcalde, aunque esas penas son una petición de la parte querellante y no una condena.
