La ruptura sentimental entre Francisca “Pancha” Merino y Andrea Marocchino sigue escalando, pero esta vez el conflicto dejó de ser exclusivamente televisivo. La actual pareja del empresario italiano, Beatriz Muñoz, presentó una querella contra la actriz por presuntas injurias graves, sumándose a la ofensiva judicial que el propio Marocchino inició tras las declaraciones que su expareja ha realizado sobre el término de la relación.
La información fue revelada por la periodista Cecilia Gutiérrez, quien detalló que se trata de dos acciones judiciales independientes, aunque ambas cuentan con el mismo abogado. Además, las partes tendrían fijada una audiencia de conciliación para fines de diciembre. El conflicto, que durante meses alimentó la pauta de los programas de farándula, ahora tendrá que enfrentar el escrutinio de los tribunales.
El origen de la disputa está en los comentarios que Merino realizó en distintos espacios televisivos después de su separación, ocurrida en 2025. En febrero de este año, durante una intervención en Primer Plano, la actriz lanzó una de sus acusaciones más fuertes contra su expareja: “O sea que me cagó y me gorreó”, afirmó al referirse a una supuesta infidelidad con Muñoz. Estas declaraciones forman parte de los antecedentes que dieron pie a la controversia judicial.
Pero el enfrentamiento no quedó limitado a la relación sentimental. Merino también cuestionó públicamente la ocupación y la edad de la actual pareja de Marocchino. En una intervención televisiva, preguntó: “Amiga, ¿estudiaste psicología y trabajas como promotora?”. Meses después, en el programa Plan Perfecto, volvió sobre el tema con otra frase polémica: “Yo no tengo nada contra las promotoras, pero creo que para ser promotora tienes que tener una edad”.
Pancha Merino enfrenta doble ofensiva judicial
Esos comentarios habrían sido parte de los antecedentes que motivaron la acción judicial de Muñoz. La disputa abre una discusión sobre los límites de las declaraciones públicas cuando una separación se convierte en un conflicto mediático: una cosa es relatar una experiencia personal y otra, muy distinta, es realizar afirmaciones que la contraparte considera lesivas para su honra.
Según lo informado por los medios que han seguido el caso, ambas querellas solicitan una pena de tres años de reclusión menor en su grado medio, una multa de 100 unidades tributarias mensuales —equivalentes aproximadamente a $7,2 millones según la referencia publicada— y que una eventual condena sea difundida en los mismos medios donde se emitieron las declaraciones cuestionadas. También se pide que Merino quede impedida de ejercer cargos públicos durante el período de la eventual condena.
La presentación de una querella, sin embargo, no equivale a una condena ni demuestra por sí misma que se haya cometido un delito. Será la justicia la que deberá analizar los antecedentes, determinar si las expresiones denunciadas configuran injurias graves y resolver las responsabilidades que correspondan. Por ahora, las exigencias de las partes representan solicitudes judiciales, no sanciones definitivas.
En medio de esta nueva escalada, Gutiérrez también señaló que tomó contacto con Merino y que la actriz se encontraría tranquila y concentrada en su defensa. La disputa suma así otro capítulo a una separación que ha permanecido bajo exposición pública y que ahora pone a prueba la frontera entre la farándula, la libertad de expresión y el derecho a proteger la honra.
