La muerte de Rusio, un perro comunitario conocido por los vecinos del Parque San Miguel, en Colina, abrió una fuerte controversia que enfrenta a la comunidad con las autoridades. El caso se hizo público tras la difusión de un video en el que un vecino encara a funcionarios municipales durante el retiro del animal, preguntando desesperadamente: “¡Por qué lo van a matar!”. La escena encendió las redes sociales y puso bajo cuestionamiento una decisión que hoy exige explicaciones.
El municipio confirmó que había recibido denuncias por mordeduras de perros en el sector. Según su versión, uno de los episodios dejó a una persona lesionada que debió recibir atención médica en el SAR de Colina. Tras evaluar los antecedentes, profesionales de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Metropolitana habrían instruido las medidas sanitarias correspondientes, incluida la eutanasia de Rusio.
Sin embargo, la explicación oficial no consiguió apagar la indignación. Vecinos y agrupaciones animalistas cuestionaron que se recurriera a una medida irreversible sin que, según denuncian, se diera una oportunidad efectiva para que organizaciones de rescate o potenciales adoptantes se hicieran cargo del perro. La controversia no se limita al destino de un animal querido por la comunidad: también apunta a la transparencia de las decisiones públicas y a la necesidad de acreditar que se evaluaron las alternativas disponibles.
Polémica en Colina
Las críticas llegaron también desde el mundo político. El diputado Sebastián Videla calificó el caso como “indignante y doloroso” y cuestionó que no se transparentaran los motivos para descartar otras medidas, como la observación sanitaria o el aislamiento. En paralelo, la consejera regional metropolitana Beatriz Albornoz pidió conocer los antecedentes veterinarios, los exámenes relacionados con la rabia y el cumplimiento de los procedimientos que correspondieran. Sus cuestionamientos apuntan al corazón del caso: establecer qué fundamentos técnicos y sanitarios respaldaron la decisión.
La controversia escaló hasta el municipio. Concejales de Colina anunciaron que recurrieron a la Contraloría General de la República para solicitar una investigación que determine si el procedimiento se ajustó a la normativa vigente. La alcaldesa Isabel Valenzuela, por su parte, anunció un sumario administrativo para esclarecer la actuación de los funcionarios involucrados. La medida abre una revisión interna, aunque la comunidad sigue esperando respuestas sobre las circunstancias concretas en que se tomó y ejecutó la decisión.
El caso de Rusio deja una discusión incómoda para las autoridades: proteger a las personas frente a eventuales ataques es una obligación, pero también lo es actuar con procedimientos claros, fundamentados y fiscalizables. La seguridad pública y el bienestar animal no deberían presentarse como objetivos incompatibles. La investigación deberá establecer si se cumplieron los protocolos, qué alternativas se evaluaron y quiénes tomaron las decisiones que terminaron con la vida del perro comunitario.
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