La reforma constitucional impulsada por el Gobierno para facilitar la ejecución de expulsiones administrativas sufrió este martes un revés en la Cámara de Diputadas y Diputados. El proyecto no logró superar el quórum exigido y terminó rechazado por apenas un voto: obtuvo 88 apoyos, 28 votos en contra y 19 abstenciones, mientras que eran necesarios 89 votos, equivalentes a cuatro séptimos de la Corporación.
El proyecto buscaba modificar el artículo 19 N°7 de la Constitución para ampliar el tiempo disponible para concretar una expulsión administrativa. La propuesta contemplaba un período de entre cinco y 60 días, con posibilidades de prórroga que, bajo determinadas circunstancias, podían extender la retención hasta 180 días. El Ejecutivo defendió la modificación argumentando que el plazo actualmente disponible puede resultar insuficiente para identificar a una persona, obtener documentación y coordinar su traslado al país de destino.
La votación, sin embargo, estuvo marcada por ausencias y cambios respecto de los respaldos que el Gobierno esperaba tener asegurados. Entre los casos mencionados figura el diputado José Montalva (PPD), quien finalmente no emitió el voto que, según los antecedentes publicados antes de la sesión, era considerado favorable al proyecto. También hubo abstenciones de parlamentarios que habían sido considerados dentro de los apoyos posibles.
Reforma de expulsiones queda a un voto
A esto se sumó la ausencia de los diputados Stephan Schubert y Felipe Ross, quienes se encontraban acompañando al Presidente José Antonio Kast en Estados Unidos. Según reportes de prensa, los permisos constitucionales relacionados con ese viaje ingresaron fuera de plazo, situación que tuvo incidencia en el quórum de la sesión. El resultado terminó convirtiendo una votación que aparecía estrecha en un fracaso legislativo por una diferencia mínima.
Desde La Moneda, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, reconoció las dificultades para asegurar los votos hasta el momento mismo de la votación. “Estamos constantemente evaluando nuestro trabajo y buscando maneras de mejorarlo”, señaló al ser consultado por el desempeño del Ejecutivo en las gestiones parlamentarias. El ministro también explicó que algunos respaldos pueden cambiar o que determinados parlamentarios pueden no encontrarse en la Sala al momento de votar.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió por su parte el objetivo práctico de la reforma. “Acá había un tema de orden práctico, que era aumentar el plazo que tenían las policías para poder retener a migrantes, ejecutar o verificar las expulsiones”, afirmó. El planteamiento del Ejecutivo apunta a que los procedimientos de expulsión requieren coordinación policial, documentación y logística que no siempre pueden resolverse dentro del plazo vigente.
Cámara rechaza proyecto del Gobierno
El rechazo tampoco significa necesariamente que el debate desaparezca de inmediato. Al tratarse de un proyecto iniciado mediante mensaje presidencial, el Gobierno cuenta con la posibilidad de recurrir al mecanismo constitucional de insistencia ante el Senado, aunque para activar esa vía se requiere un quórum de dos tercios. Si ese mecanismo no prospera, la iniciativa queda impedida de ser renovada durante el período establecido por las reglas legislativas.
La jornada deja, por ahora, una cifra que resume todo el episodio: 88 votos a favor y 89 necesarios. La reforma que pretendía modificar las reglas de detención asociadas a las expulsiones administrativas quedó fuera de carrera en la Cámara por un solo sufragio, mientras el Gobierno deberá definir si intenta reabrir la discusión por la vía de insistencia o concentra sus esfuerzos en otras iniciativas de su agenda migratoria.
