Desde el Ministerio de Agricultura al Servicio Agrícola Ganadero (SAG) se dio a conocer un oficio que prohíbe la entrega de certificados que autoricen una subdivisión por más de cinco mil metros cuadrados a proyectos de parcelas rurales.
Fue el Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela que comentó a Emol que «con esto se busca preservar el suelo rural para fines agrícolas y de evitar los efectos de un desarrollo inmobiliario al margen de la planificación territorial».
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Respuesta de empresario a la subdivisión de parcelas rurales
No obstante, muchas han sido las críticas al proyecto, incluso peticiones de renuncia. En una carta enviada a El Mercurio, Mario Anfruns Bustos, gerente general de Anfruns Propiedades criticó el rumbo del Gobierno respecto al tema de las subdivisiones de predios.
“La modificación y la prohibición para continuar con este sistema atentan contra los principios básicos del respeto a la normativa vigente y es por eso que urge una nueva ley que se adapte a la realidad que hoy vivimos de migración desde la ciudad al campo por una calidad de vida mejor», comenzó hablando.
«El Ministerio de Agricultura cuenta con toda la información para regular, en base a instrumentos de planificación, las áreas rurales sin entorpecer el avance de los proyectos inmobiliarios. Incluso, la clasificación de suelo existente hoy y el levantamiento de áreas protegidas, entre otros antecedentes, pueden delimitar de forma objetiva los distintos usos de suelo sin tener que prohibir las subdivisiones», continuó.
Además, recalcó la “poca voluntad” del Gobierno para sentarse a conversar y planificar el 98% de la superficie del país. El empresario comentó que de no conversar, “traerá consecuencias impredecibles en cuanto al valor de los terrenos e incluso aumentando artificialmente el precio de los proyectos de subdivisión aprobados antes de la prohibición».
Así también el presidente de la Asociación Gremial Chile Rural, Tomás Prado se refirió a las consecuencias de esta medida. «el sólo hecho de subdividir no puede estimarse como un acto que conlleve el cambio de destino del predio. Antes de subdividirse el predio es de uso agrícola, ganadero y forestal. Después de expedido el certificado del SAG, sigue siendo así».
«El impacto es gigantesco, porque de un día para otro cambiaron las reglas de forma arbitraria e ilegal, no hay rubro que resista bien un impacto así”, concluyó.
