La defensa pública de Dino Gordillo tras la denuncia por el polémico beso a una menor en la Fiesta de la Naranja no solo reavivó el fuego de la controversia, sino que prendió una chispa de polarización en redes sociales que desnuda cuán fracturado está el debate sobre límites, responsabilidad y cultura del espectáculo en Chile. Lejos de evitar la confrontación, el comediante optó por cultivar su narrativa de inocencia y señalar que lo que está ocurriendo es, en sus palabras, una “cancelación zurda” que busca destruir a los artistas sin pruebas ni contexto.
En un comunicado difundido en sus redes, Gordillo reclamó que se ha interpretado mal un gesto ocurrido frente a “miles de personas” y que las imputaciones contra él carecen de “antecedentes objetivos disponibles”, insistiendo en que existen registros audiovisuales y numerosos testigos que, según él, desmontarían cualquier acusación de connotación sexual. Su reacción no fue un tono mesurado de defensa legal, sino una declaración vehemente que mezcla victimización y crítica al clima mediático actual, etiquetando su situación como un síntoma de un entorno que “destruye” reputaciones sin justificación.
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La defensa de Dino Gordillo
El cruce de discursos no se quedó en la defensa del humorista. En redes sociales, sus seguidores explotaron en mensajes de apoyo que Gordillo, por su parte, celebró con “likes” y reacciones afectivas, reforzando un bloque de respaldo que se siente agraviado por lo que percibe como una “caza de brujas”. Comentarios que van desde “Siempre nuestro apoyo a usted Don Dino” hasta “Así destruimos a nuestros artistas locales” muestran una lealtad que desafía la gravedad de las acusaciones y expone una creciente grieta en cómo distintos sectores interpretan la conducta pública de figuras del espectáculo.
Pero más allá de las redes, la arista institucional sigue avanzando: la Municipalidad de Villa Alegre confirmó una denuncia formal ante Carabineros y el Ministerio Público por el presunto beso a una menor, y varios municipios ya han excluido al humorista de sus programaciones hasta que se esclarezcan los hechos. Ese choque entre una defensa pública agresiva y decisiones administrativas prudentes plantea preguntas que no se resuelven con “likes”: ¿hasta qué punto puede la opinión pública reconfigurar el sentido de una investigación judicial? ¿La cultura de la cancelación se ha convertido en un atajo para deslegitimar causas serias o, por el contrario, estamos frente a una reacción instintiva para proteger a figuras populares independientemente de los hechos?
En definitiva, lo que comenzó como un gesto polémico sobre un escenario ahora se ha transformado en un campo de batalla simbólico: por un lado, un humorista que clama inocencia y se declara víctima de un clima que “destruye” a sus propios artistas; por otro, autoridades, municipios y sectores ciudadanos que exigen que se investiguen actos que involucran a menores con rigor y sin privilegios. Un debate que va más allá de Gordillo y pone en evidencia cómo nuestra sociedad procesa, juzga y defiende —o cancela— a sus figuras públicas.
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