El nombre de la alcaldesa Javiera Reyes volvió a instalarse en el centro de la polémica —y del peligro— luego de que se revelara que un líder narco conocido como “El Poroto” habría puesto precio a su cabeza. La denuncia no solo encendió las alertas de seguridad, sino que también expuso crudamente el nivel de penetración que el crimen organizado ha alcanzado en comunas golpeadas por el narcotráfico.
Según antecedentes conocidos en las últimas horas, el sujeto —identificado por fuentes policiales como un actor relevante dentro del microtráfico en la zona sur de la capital— estaría vinculado a redes de control territorial, amedrentamiento a vecinos y disputas violentas por puntos de droga. En ese contexto, la figura de la jefa comunal se habría transformado en un “objetivo” tras una serie de acciones municipales orientadas a recuperar espacios tomados por bandas.
Narco “El Poroto” pone precio a alcaldesa
La amenaza, que incluiría una millonaria suma ofrecida para atentar contra la autoridad, fue catalogada como de extrema gravedad. No se trataría de un mensaje aislado ni de redes sociales: los antecedentes habrían circulado en entornos delictuales, lo que obligó a reforzar medidas de protección y activar protocolos de seguridad. En paralelo, organismos persecutores iniciaron diligencias para establecer la veracidad, alcance y responsables detrás del eventual encargo criminal.
Pero el episodio abre una grieta más profunda: la fragilidad del Estado frente al narco. En Lo Espejo —territorio históricamente tensionado por el avance del crimen organizado— la amenaza contra su alcaldesa no solo golpea a una figura política, sino que instala una señal de amedrentamiento institucional. Cuando el narco fija precios por autoridades electas, el mensaje deja de ser delictual y pasa a ser político.
Hoy, más allá del nombre de “El Poroto”, lo que queda al descubierto es un fenómeno mayor: bandas que ya no se esconden, que disputan poder y que reaccionan cuando sienten amenazados sus negocios. La denuncia de Reyes, lejos de ser un hecho aislado, vuelve a poner sobre la mesa la pregunta incómoda: ¿quién gobierna realmente ciertos territorios de Chile?