El informe cayó como balde de agua fría en medio del ya lento y cuestionado proceso de reconstrucción. La Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades millonarias en el uso de recursos destinados a las víctimas del megaincendio de Valparaíso, encendiendo nuevas alarmas sobre el destino real de las ayudas prometidas tras la tragedia que arrasó con miles de viviendas.
Según la auditoría, el órgano fiscalizador evidenció fallas graves en la administración y rendición de fondos públicos, incluyendo gastos sin respaldo suficiente, deficiencias en los mecanismos de control y recursos cuyo uso no pudo ser debidamente acreditado. En otras palabras: dinero asignado para los damnificados que hoy aparece bajo la sombra de la duda administrativa.
Contraloría destapa millonarias irregularidades
Pero el problema no se limitaría a errores burocráticos. El reporte también apunta a descoordinaciones entre organismos ejecutores y retrasos injustificados en la entrega de beneficios, lo que habría impactado directamente en familias que, meses después del siniestro, siguen esperando soluciones habitacionales concretas. La promesa de reconstrucción rápida, así, vuelve a tensionarse frente a la evidencia fiscal.
El hallazgo reabre un flanco político y social particularmente sensible. Mientras autoridades han defendido los avances del plan de ayuda, desde distintos sectores ya hablan de responsabilidades administrativas e incluso eventuales acciones legales si se comprueba mal uso de fondos públicos en medio de una de las peores catástrofes recientes del país.
Porque más allá de los tecnicismos contables, el informe instala una pregunta incómoda: ¿qué pasó realmente con parte de los recursos que debían aliviar el drama de los damnificados? En los cerros de Valparaíso, donde la reconstrucción aún avanza a paso lento, la respuesta no es un dato financiero: es una herida abierta que vuelve a arder.