En un traspié que puso en jaque la confianza en el aparato judicial, un imputado por tráfico de drogas fue liberado por error en Temuco, provocando un reguero de preguntas sobre el control de causas penales y la coordinación entre tribunales y unidades de investigación. El propio tribunal que ordenó la libertad admitió la equivocación, en un gesto poco habitual que desnuda fallas de procedimiento de alto impacto social.
El hombre, encausado por delitos vinculados al tráfico de estupefacientes, logró salir en libertad —temporalmente— tras una confusión en la tramitación de su causa. Según dio a conocer el Poder Judicial, la resolución que decretaba la prisión preventiva fue erróneamente provista como orden de liberación, circunstancia que no fue detectada ni por los policías que custodiaban su expediente ni por los operadores del tribunal. La equivocación salió a la luz durante una revisión de oficio de la causa.
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Grave error judicial en Temuco
La situación generó un desconcierto inmediato entre fiscales, defensores y personal policial. Desde la Fiscalía Regional de La Araucanía explicaron que, al percatarse de la liberación improcedente, se solicitó de inmediato al tribunal corregir la resolución, ordenando la captura del imputado nuevamente. Sin embargo, la cadena de responsabilidad —¿dónde se quebró?— sigue siendo motivo de análisis al más alto nivel interno de la judicatura. La investigación busca precisar si se trata de un error puramente mecanográfico o de un defecto de coordinación más profundo entre las distintas oficinas que tramitan las órdenes de detención.
Para sectores que siguen con atención el combate al narcotráfico en regiones, el hecho es más que una falla administrativa: es un síntoma. Señalan que no basta con aumentar penas o elevar controles fronterizos si, en el propio sistema de justicia penal, fallan los mecanismos más básicos de seguimiento de causas sensibles. “Estos errores no son menores cuando afectan la percepción ciudadana sobre la eficacia del combate contra las drogas”, señalan algunos operadores de justicia consultados bajo condición de anonimato.
Mientras tanto, el imputado permanece ahora nuevamente bajo custodia tras la emisión de una nueva orden de detención. No obstante, la atención pública no se concentra únicamente en su situación personal, sino en las preguntas que el episodio plantea: ¿cómo es posible que una resolución de tal calibre se confunda en un expediente criminal? ¿Qué mecanismos de control están fallando en el flujo de causas? Y, sobre todo, ¿qué garantías tienen las víctimas y la sociedad cuando el mismo sistema que debe protegerla incurre en errores a primera vista inexplicables? La respuesta a estas preguntas será clave para restaurar —o no— la confianza en una justicia que, según este caso, parece tener tropiezos más allá de los tribunales.
