El Ministerio de Transportes reconoce que el proceso está detenido y sin fecha para su implementación, afectando la entrada en vigencia de la normativa que regulará a las aplicaciones de transporte. La entrada en vigencia del reglamento de la conocida Ley Uber volvió a quedar en suspenso luego de que el Ministerio de Transportes confirmara un nuevo retraso en el contrato necesario para su implementación. La normativa, que busca regular a las aplicaciones de transporte y establecer exigencias operativas y de seguridad para conductores y plataformas, permanece sin una fecha concreta para comenzar a operar. El proceso se encuentra actualmente detenido debido a que la empresa encargada de desarrollar la plataforma tecnológica para la inscripción y fiscalización del sistema no ha logrado cumplir los plazos establecidos. La falta de esta herramienta impide avanzar hacia la aplicación efectiva del reglamento, manteniendo a miles de conductores y usuarios en incertidumbre. <h3>Retrasos contractuales aplazan la puesta en marcha</h3> Desde el Ministerio señalaron que se está revisando la continuidad del contrato y evaluando alternativas para retomar el cronograma de implementación, aunque sin comprometer una fecha definitiva. La situación genera preocupación en el sector tecnológico y en los gremios de conductores, quienes aseguran que la demora afecta directamente su estabilidad laboral y la claridad normativa necesaria para operar de forma regular. Parlamentarios también han solicitado explicaciones, recordando que la Ley Uber fue aprobada con la expectativa de modernizar el transporte remunerado de pasajeros y reducir el espacio legal gris en el que funcionan actualmente aplicaciones como Uber, Cabify, Didi y otras. Sin embargo, la falta de avance amenaza con prolongar indefinidamente la entrada en vigencia de medidas clave como el registro obligatorio de conductores, la exigencia de licencias profesionales y la fiscalización automatizada. Mientras el retraso se mantiene, el transporte vía aplicaciones continúa operando bajo criterios transitorios, sin las herramientas regulatorias que permitirían un funcionamiento más seguro, controlado y transparente para usuarios y conductores.
