Conocer los alcances de la nueva legislación sobre los delitos de cuello y corbata, el rol de las empresas y sus directivos, en la implementación de un modelo de prevención, es el objetivo del primer simposio sobre la “Nueva Ley de Delitos Económicos Ambientales, sus impactos en la industria”, Compliance y nuevas responsabilidades para Directorios y Gerencias.
El evento fue organizado por CPA Legal, la plataforma de asistencia legal, administrativa y de litigación penal ambiental, fundada por el abogado, ex ministro de justicia y ex candidato presidencial José Antonio Gómez y los abogado Juan Carlos zManríquez, Pedro Neira y Mauricio Oviedo, con especialización en la Ley 21.595 sobre delitos económicos y Ambientales.
Su expertise se basa en la representación litigación y de prevención, mediante el desarrollo de programas de compliance penal ambiental, con una cuidada atención al tipo de organización y sus particulares requerimientos. 
El evento de análisis e introducción a la nueva normativa se desarrolló este lunes 27 y martes 28 de noviembre en el hotel Intercontinental.
El encuentro contó, entre otros, con la presencia del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela; los subsecretarios de Obras Públicas, Juan Andrés Herrera, y de Medioambiente, Maximiliano Proaño.
«Una oportunidad para las empresas de ajustarse a la norma»
En su intervención, el ex ministro de Justicia José Antonio Gómez afirmó que “La ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas es una oportunidad para que las empresas se ajusten a normas claras y recuperen la credibilidad» en torno a los delitos de cuello y corbata.
Añadió que «aunque la ley es compleja es importante preparar y adecuar la estructura de las empresas para cumplir con la legislación. Además, es importante que el trabajo realizado sea conocido por la opinión pública para evitar daños económicos y ambientales.”.
El ex ministro de Justicia y vocero del Gobierno de Michelle Bachelet enfatizó que “la nueva ley establece diversas modificaciones mediante un amplio catálogo de más de 200 delitos que buscan prevenir la comisión de estos a través de la imposición de mayores exigencias a las personas jurídicas y sus sistemas de cumplimiento interno, así como a los directivos y gerentes de las empresas”.
“Las personas naturales y jurídicas son penalmente responsables de la comisión de estos delitos, los cuales son clasificados en cuatro categorías, incluyendo cada una de ellas, una sistematización de tipos penales contenidos en diversos cuerpos legales y una de sus particularidades es que aumenta sanciones que antes eran meramente pecuniarias o administrativas, a penas privativas de libertad”, afirmó José Antonio Gómez
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