Una demanda civil indemnizatoria interpuesta por los hermanos Claudio y Carlos Siri por los daños, lucro cesante, afectación emocional que le provocó al tradicional restaurante del sector de Plaza Baquedano, ex Fuente Alemana, fue notificada este miércoles al Consejo de Defensa del Estado.
El reclamo judicial apunta a resarcir los perjuicios de toda índole sufridos por la familia propietaria de uno de los comercios más reconocidos de la capital y que se hizo tristemente célebre desde el estallido social a raíz del ensañamiento de los manifestantes y violentistas que desde el 19 de octubre de 2019 han transformado en una moda realizar saqueos, destrozos y amedrentamiento sobre los vecinos y locatarios del sector.
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Según se indica en la demanda, presentada en la persona del Presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Antonio Peribonio, los hermanos Siri reclaman el pago de $80 millones por cada uno por el «sufrimiento sicológico» provocado por el amedrentamiento, además de otros $28,3 millones en pérdidas de utilidades legítimas por cada uno de los meses sin operar, lo que sumaría en total algo más de $1.200 millones en total.
la indemnización de perjuicios que se solicita es por más de $1.200 millones, que responden a los perjuicios económicos directos sufridos y al daño moral de los involucrados», indicó la abogada del estudio Ovalle, Josefina Escobar, que patrocina la causa.
«Esta demanda se funda en argumentos jurídicos contundentes que no dejan duda de que el Estado ha hecho un abandono total de una verdadera zona de sacrificio, causando enormes perjuicios a los locatarios de dicha zona y en especial a los hermanos Siri, que han ejercido su actividad comercial hace más de 50 años en ese lugar» dijo a Emol la profesional.
Otros casos
El reclamo judicial abre la puerta para que otros afectados del comercio en el sector -como los locatarios del sector Lastarria, que viene sufriendo ataques de turbas periódicamente este año- o los vecinos puedan también recurrir en contra del Estado por falta de servicio, dado el nivel de inoperancia que las policías, el Ministerio Público y el Gobierno han demostrado ante el descontrol en la zona durante los últimos tres años.
