La cantante ha sido acusada de seis delitos contra la Hacienda pública por defraudar alrededor de 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014, simulando que no residía en el país.
El Ministerio Público presentó este viernes su escrito de acusación ante la Justicia catalana. Todo esto luego que la artista rechazara el último acuerdo de la Fiscalía para rebajar las penas y evitar el juicio.
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Shakira ya devolvió los 14,5 millones que le exigía la agencia tributaria y otros 3 millones de intereses.
Por eso se le aplicó la atenuante muy cualificada de reparación del daño para reducirle la pena, que podría ascender hasta seis años de prisión por cada delito.
Eso sí, como ninguna de las penas solicitadas supera los dos años de cárcel y carece de antecedentes, en caso de una eventual condena Shakira podría beneficiarse de una suspensión y salvarse de la prisión.
Sus fraudes:
Fue un mayo cuando la Audiencia de Barcelona avaló la decisión del juez de enviar a Shakira a juicio ante los indicios que residía en España “de manera habitual” entre 2012 y 2014.
Primero en la capital catalana y después en una vivienda de la localidad de Esplugues de Llobregat (Barcelona) que compró con su ex pareja, el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, a través de una sociedad.
Según el Ministerio Público esa vivienda constituyó el domicilio familiar de la artista, cuyas estancias fuera de España durante ese tiempo fueron por “motivos profesionales, con una duración muy corta”.
La acusación sostiene que, al haber residido en España más de 183 días al año, Shakira “era residente fiscal en España y tenía la obligación de tributar por la totalidad de su renta mundial”, tanto respecto al IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) como al impuesto del patrimonio.
Fue así, como Shakira al no querer pagar, “utilizó un entramado societario” con sede en las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo con el fin de ocultar su renta y su patrimonio.
La Fiscalía sostiene que el “plan” de la cantante consistía en que sus empresas figurasen formalmente como titulares de las rentas, mientras que ella solo constaba “en último lugar y algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales” a las que fueron a parar la mayor parte de sus ingresos.
Luego de esto Shakira dio movimientos para pagar, pero costos mínimos, según el Ministerio Público, dieron pie a una “mínima tributación fiscal” de tan solo el 2% de la renta bruta generada, permitiendo transferir a sociedades o cuentas de la cantante el grueso de sus ingresos.
El equipo legal de la cantante ha mantenido conversaciones con las acusaciones para alcanzar un pacto, pero el pasado miércoles Shakira rechazó la última oferta y emitió un duro comunicado en el que criticaba la “persecución” a que la sometía Hacienda y la “intransigencia” de la Fiscalía durante todo el proceso.
No obstante, la artista aún dispone de tiempo para pactar con las acusaciones hasta el momento de sentarse en el estrado.
