El caso de la banquetera Natalia Álvarez volvió a instalarse en el centro de la atención luego de que la empresaria se entregara ante la justicia y entregara su versión sobre las acusaciones que pesan en su contra. La propietaria de Probarte Banquetería es investigada por presuntas estafas reiteradas relacionadas con matrimonios cuyos servicios contratados no se habrían concretado. El Ministerio Público cifra en aproximadamente $120 millones el perjuicio y en 60 las víctimas.
La historia comenzó a hacerse pública con fuerza a fines de 2025, cuando varias parejas denunciaron que la empresa no llegó a sus celebraciones, dejando a novios e invitados enfrentados a una situación inesperada el mismo día del matrimonio.
Entre las personas afectadas se encuentra la familia del comediante Juan Alcayaga, conocido como Don Carter, cuya nieta también contrató los servicios de la empresa. En esa oportunidad, el humorista relató que al llegar al lugar “no había absolutamente nada” y que intentaron comunicarse reiteradamente con la banquetera sin obtener respuesta.
Banquetera acusada de estafar a 60 parejas
El caso escaló posteriormente a los tribunales. En junio, Álvarez fue formalizada junto a su pareja, José Galarce, y el tribunal decretó inicialmente su prisión preventiva por peligro de fuga. Sin embargo, la resolución contempló una caución de $5 millones, suma que fue pagada por su defensa y que permitió que recuperara la libertad. La Fiscalía apeló, argumentando que la medida no era coherente con la magnitud del perjuicio investigado.
La situación cambió días después. La Corte de Apelaciones de Valparaíso revocó la posibilidad de recuperar la libertad mediante caución y restableció la prisión preventiva. Sin embargo, para entonces Álvarez ya había salido del recinto penitenciario y posteriormente su paradero se volvió desconocido. La PDI y la Fiscalía iniciaron diligencias para localizarla y actualmente existe una orden de detención en su contra. Según antecedentes entregados por la policía, no registra una salida del país por un paso habilitado.
En paralelo, la investigación tuvo otro avance relevante. José Galarce, pareja de Álvarez, reconoció su participación en los hechos y colaboró con el Ministerio Público. El Juzgado de Garantía de Viña del Mar lo condenó mediante un procedimiento abreviado a 300 días de cárcel, pena sustituida por libertad vigilada bajo supervisión de Gendarmería, además del pago de una multa de 5 UTM.
Rompe el silencio tras entregarse a la justicia
El expediente también ha dejado al descubierto el fuerte impacto que las denuncias tuvieron sobre parejas que habían preparado durante meses sus matrimonios. En algunos casos, familiares e invitados terminaron organizándose a última hora para conseguir comida, mobiliario y un lugar donde continuar las celebraciones. Una de las novias afectadas relató recientemente que quedó “en shock” al descubrir que la banquetera no cumpliría con lo contratado.
Así, el caso que comenzó con matrimonios que terminaron improvisando sus celebraciones hoy se encuentra en una etapa completamente distinta: una investigación penal con decenas de víctimas, una condena ya dictada contra uno de los involucrados y una orden de detención pendiente sobre Natalia Álvarez. La empresaria enfrenta las acusaciones en tribunales y serán las diligencias del Ministerio Público y la evidencia reunida durante la investigación las que deberán establecer las responsabilidades penales correspondientes.
