Lo que comenzó como una millonaria estafa bancaria terminó escalando a los tribunales. La actriz Amparo Noguera decidió presentar una demanda civil contra Banco de Chile luego de asegurar que la institución financiera no respondió de manera adecuada tras el fraude del que fue víctima, en el que delincuentes lograron sustraer una elevada suma de dinero desde sus cuentas mediante maniobras de ciberdelincuencia.
Según los antecedentes conocidos, la intérprete reclama una indemnización que supera ampliamente el monto originalmente defraudado. En la acción judicial sostiene que el perjuicio no solo fue económico, sino que también afectó su tranquilidad, confianza y calidad de vida, responsabilizando al banco por no haber entregado las medidas de seguridad suficientes para impedir la operación fraudulenta. La causa busca que sea la justicia la que determine si existió responsabilidad por parte de la entidad bancaria.
La defensa de Noguera también salió al paso de la versión entregada por Banco de Chile, rechazando que la actriz haya actuado con negligencia o facilitado el fraude. Desde su representación legal afirman que la afectada fue víctima de un sofisticado mecanismo de engaño y que la institución financiera no cumplió con el estándar de protección que exige la legislación vigente para este tipo de operaciones.
Amparo Noguera contraataca
El conflicto, por lo mismo, ya dejó de ser una simple disputa comercial para transformarse en un caso que podría marcar un precedente en materia de responsabilidad bancaria frente a delitos informáticos.
Mientras el proceso judicial avanza, el Banco de Chile mantiene su postura respecto de los hechos y será la justicia la encargada de resolver las responsabilidades. El caso vuelve a poner sobre la mesa el aumento de las estafas digitales que afectan a clientes del sistema financiero chileno y el debate sobre hasta dónde llega el deber de los bancos de prevenir este tipo de delitos, especialmente cuando las víctimas aseguran haber actuado de buena fe.
La demanda de Amparo Noguera se suma a una serie de acciones judiciales impulsadas en los últimos años por usuarios que buscan recuperar fondos perdidos por fraudes electrónicos. Más allá del resultado del litigio, el caso ya instaló una discusión que preocupa a miles de clientes: quién debe asumir finalmente el costo cuando las medidas de seguridad fallan frente al avance del crimen digital.
