La llegada de casi 300 internos de alta peligrosidad al complejo penitenciario La Laguna, en Talca, desató una ola de preocupación entre los habitantes de Panguilemo. El traslado, enmarcado en la denominada Operación Cancerbero, provocó manifestaciones y reabrió una vieja herida: la sensación de que las comunidades cercanas a los recintos penitenciarios suelen quedar al margen de las decisiones adoptadas desde el poder central. La polémica se instaló rápidamente y llegó hasta el propio Presidente José Antonio Kast.
En medio de las protestas, uno de los dirigentes vecinales recordó el compromiso asumido por el expresidente Gabriel Boric durante la inauguración del recinto penitenciario en 2025.
Según explicó, el exmandatario se comprometió a impulsar mejoras para el sector y a desarrollar obras que permitieran compensar el impacto que tendría la presencia de la cárcel en la zona. «Quedamos contentos», afirmó el vecino al recordar aquella visita. Sin embargo, también manifestó su molestia por la falta de respuestas concretas durante los primeros meses de la actual administración.
De las críticas al respaldo
La situación cambió cuando el dirigente tuvo la oportunidad de dialogar directamente con Kast. El intercambio, transmitido por distintos medios, permitió exponer las inquietudes de los habitantes del sector y abrir una instancia de conversación que terminó modificando la postura inicial del representante vecinal.
Tras escuchar los planteamientos del mandatario, reconoció que el encuentro permitió aclarar varios puntos relacionados con el futuro del recinto y el impacto que tendrá el nuevo modelo penitenciario.
La escena dejó en evidencia un elemento que suele quedar fuera del debate sobre seguridad: el papel de las comunidades que conviven diariamente con este tipo de infraestructuras. Mientras el Gobierno defiende el traslado masivo de internos como una herramienta para recuperar el control de las cárceles, los vecinos exigen garantías concretas para evitar que el peso de la estrategia recaiga exclusivamente sobre ellos.
La Operación Cancerbero se convirtió en uno de los principales hitos de la nueva agenda de seguridad impulsada por el Ejecutivo. El traslado de reos, el endurecimiento del sistema penitenciario y la construcción de un discurso basado en el combate frontal al crimen organizado forman parte de una estrategia que el Gobierno ha resumido en una frase que se ha repetido durante los últimos días: «La mano ha cambiado». Pero en Talca quedó demostrado que, más allá de la política y los anuncios, la conversación con los vecinos sigue siendo una pieza clave para evitar nuevos focos de conflicto.
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