El Gobierno debe enfrentar una nueva acusación. Esta vez por el supuesto delito de malversación de caudales públicos por la impresión y distribución de 692 ejemplares de la Nueva Constitución.
Fue el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago quien declaró admisible la querella presentada por el abogado RN, Marcelo Brunet a quienes resulten responsables de la compra directa de los documentos.
La querella presentada por Marcelo Brunet
Brunet argumenta que la querella viene luego de que la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) presentara una resolución exenta del 21 de julio para los casi 700 mil ejemplares. Por lo que el documento responsabiliza “de aquello” a Giorgio Jackson y a su subsecretaria, Macarena Lobos.
La carta argumenta tres grandes aspectos: “Primero, no había causa de urgencia y se gastaron recursos que no estaban disponibles, ya que debieron reintegrarse al Estado para uso de otras necesidades. Segundo, no estaban disponibles el día en que se hizo la contratación. Debían reintegrarse y terminaron gastándose en la impresión de los textos”.
“Los fondos eran para la instalación y funcionamiento de la convención constitucional, la que al día 11 de julio, no existía por mandato legal. Y tercero, porque el Ministerio Secretaría General de la Presidencia no tiene como función propia las labores de difusión, lo que excede por largo sus atribuciones”, describió en contra del Gobierno.
De este modo, se solicitó una investigación a fondo de la situación, y va de la mano con la denuncia que realizó Marcelo Brunet ante la Contraloría General de la República (CGR) por las mismas razones el recién pasado 4 de agosto.
