El escándalo que remeció a la Municipalidad de Vitacura durante 2025 está lejos de quedar archivado. Lo que comenzó con un video grabado desde el exterior del edificio municipal y que rápidamente se convirtió en un fenómeno viral terminó transformándose en una disputa laboral que ahora enfrenta a dos exfuncionarios con el municipio encabezado por la alcaldesa Camila Merino.
Sebastián Valenzuela y Alejandra Guajardo, quienes fueron identificados como los protagonistas del registro, presentaron demandas laborales contra la Municipalidad de Vitacura y solicitan, en conjunto, una indemnización de $200 millones. La tesis de los demandantes apunta a que, más allá de la sanción administrativa por lo ocurrido, posteriormente habrían sufrido afectaciones a su honra, estabilidad emocional y condiciones laborales. Las acciones judiciales fueron ingresadas en diciembre ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo.
El caso dio un giro esta semana luego de que el tribunal determinara la realización de un peritaje psicológico. La evaluación estará a cargo de una profesional designada judicialmente y buscará establecer si efectivamente existe el daño moral y psicológico que los exfuncionarios aseguran haber sufrido como consecuencia de los hechos y de lo ocurrido posteriormente.
Exfuncionarios de Vitacura van por $200 millones
Uno de los demandantes sostiene que las circunstancias posteriores a su destitución terminaron afectando directamente su autoestima y estabilidad emocional. En su presentación judicial acusa haber experimentado “miedo, estrés y trastornos de ansiedad generalizados”, además de cuestionar el trato recibido durante el proceso.
Pero el municipio tiene una lectura completamente distinta del episodio. Desde la administración comunal se sostuvo desde un comienzo que la conducta registrada constituía una vulneración grave de las obligaciones propias de quienes trabajan en el servicio público. El hecho ocurrió durante la noche del 25 de junio de 2025, cuando ambos se encontraban realizando labores extraordinarias, y posteriormente un sumario administrativo terminó con la destitución de los involucrados.
El registro, además, abrió otra arista que no puede ignorarse: las imágenes no fueron difundidas por la Municipalidad de Vitacura, sino que fueron grabadas desde el exterior y posteriormente viralizadas en redes sociales. El video llegó a acumular millones de reproducciones, transformando un episodio ocurrido dentro de una oficina municipal en un espectáculo público de enormes proporciones.
La concejala Paula Domínguez defendió en enero la actuación del municipio y cuestionó que la institución fuera responsabilizada por las consecuencias de la viralización. “La Municipalidad de Vitacura no difundió ni hizo pública esta situación”, afirmó, agregando que la administración actuó “con reserva y conforme a la normativa vigente”.
La misma edil fue todavía más categórica al evaluar el origen del conflicto: “El primer error lo cometen quienes incurren en conductas impropias dentro de un servicio público, que exige respeto, probidad y responsabilidad”. A su juicio, la municipalidad terminó siendo también perjudicada por el episodio.
La disputa, por ahora, no tiene una salida negociada. La reciente audiencia de conciliación terminó sin acuerdo y los demandantes manifestaron que no existe intención de cerrar el conflicto mediante un acuerdo extrajudicial. El proceso continuará con declaraciones de funcionarios y el peritaje destinado a determinar la existencia y magnitud del eventual daño psicológico alegado.
Así, el polémico video que alguna vez fue tratado como un escándalo viral ahora se encuentra instalado en los tribunales. Y la pregunta dejó de ser solamente qué ocurrió aquella noche en las dependencias municipales: ahora la justicia deberá determinar si las consecuencias laborales y personales posteriores justifican una indemnización de $200 millones.
