Lo que comenzó como un complejo operativo de rescate en plena emergencia climática terminó transformándose en un caso político.
El Gobierno decidió escalar su respuesta frente a la polémica protagonizada por Manuel Orellana, conocido como «El Chino», y las dos educadoras de párvulos que permanecieron aisladas durante varios días en el Cajón del Maipo, anunciando el inicio de gestiones para evaluar acciones legales por el millonario despliegue de recursos públicos que implicó su rescate.
La señal fue clara. El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, confirmó que ya fue enviado un oficio al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para determinar si existen fundamentos jurídicos que permitan perseguir responsabilidades por el daño patrimonial ocasionado al Estado.
La autoridad sostuvo que la decisión responde a la conducta temeraria de ingresar a la cordillera pese a las advertencias meteorológicas y al cierre de accesos decretado por las autoridades.
Gobierno endurece el tono tras rescate
Desde el Ejecutivo recalcan que el problema no se limita al elevado costo económico —estimado en más de 100 millones de pesos—, sino también al riesgo al que fueron expuestos decenas de rescatistas del GOPE, Bomberos, Ejército, PDI, Socorro Andino y Senapred, quienes debieron operar en condiciones extremas para encontrar con vida a los tres excursionistas.
Incluso, Codina advirtió que este tipo de conductas podrían tener consecuencias mucho más graves si durante un rescate algún funcionario resulta fallecido o gravemente lesionado.
El caso ha generado una intensa discusión pública luego de conocerse que los rescatados permanecieron durante varios días en un refugio equipado con alimentos, camas y calefacción, mientras el país seguía atento el desarrollo de la búsqueda.
Paralelamente, se han conocido antecedentes que apuntan a que Manuel Orellana ya había protagonizado un episodio similar años atrás, elemento que hoy es considerado por las autoridades como un agravante al momento de evaluar eventuales responsabilidades.
Aunque será el Consejo de Defensa del Estado el que determine si corresponde iniciar acciones judiciales, el mensaje del Gobierno parece apuntar más allá de este caso en particular.
La intención es instalar un precedente frente a quienes decidan ignorar las restricciones durante emergencias climáticas, especialmente cuando esas decisiones obligan al Estado a movilizar cuantiosos recursos humanos y económicos para rescates que, según las autoridades, pudieron haberse evitado.
