La tragedia que golpeó a Carabineros en Quilleco tiene detrás el nombre y la historia de un funcionario que llevaba casi dos décadas vistiendo el uniforme. El sargento segundo Jaime Ariel Urrea Burgos, de 40 años, murió durante la noche del domingo luego de ser atacado con un arma de fuego mientras participaba en un procedimiento por violencia intrafamiliar. Pertenecía al Retén Canteras, dependiente de la Primera Comisaría de Los Ángeles.
Urrea había ingresado a Carabineros el 2 de enero de 2008, después de iniciar su formación en la Escuela de Formación de Carabineros. Durante sus primeros años cumplió funciones en la Región Metropolitana, pasando por la 44ª Comisaría de Lo Prado y posteriormente por la 26ª Comisaría de Pudahuel. En 2012 ascendió a cabo segundo y en 2016 alcanzó el grado de cabo primero.
Su trayectoria también estuvo marcada por una permanente preparación profesional. Realizó cursos de conducción de motos todoterreno, estrategias y tácticas para operaciones policiales rurales, derechos humanos aplicables a la función policial y técnicas y tácticas de procedimientos y operaciones policiales. En 2021 egresó como suboficial y fue destinado al Retén Canteras, unidad donde posteriormente alcanzaría el grado de sargento segundo.
El sargento que murió cumpliendo una misión
Pero hay un dato que permite dimensionar cómo era evaluado dentro de la institución: recibió siete felicitaciones durante su carrera. Los reconocimientos estuvieron relacionados con procedimientos que permitieron detener a personas vinculadas a distintos delitos, recuperar especies y vehículos, además de operativos asociados al tráfico y hallazgo de drogas. Uno de ellos destacó especialmente su “profesionalismo, vocación, espíritu de servicio, compromiso y perspicacia policial”.
Durante 2024 volvió a ser reconocido por su desempeño tras participar en un procedimiento que permitió encontrar e incautar 160 plantas de cannabis. En febrero de 2025 recibió otra felicitación por una actuación vinculada al hallazgo de una plantación de marihuana. Y en mayo de ese mismo año llegó el último reconocimiento registrado: obtuvo la máxima calificación en un ciclo de capacitación en Derechos Humanos y Técnicas Policiales.
La noche en que murió, Urrea acudió junto a otros funcionarios a una vivienda de Quilleco después de un segundo llamado por violencia intrafamiliar. De acuerdo con los antecedentes conocidos, durante el procedimiento ingresó a una habitación donde se encontraba el denunciado, quien portaba una escopeta. El sujeto disparó contra el funcionario, hiriéndolo en el cuello. Sus compañeros lograron detener al atacante y el sargento fue trasladado hasta el Cesfam de Quilleco, donde finalmente falleció debido a la gravedad de sus lesiones.
18 años de servicio y siete reconocimientos
El fiscal jefe de Los Ángeles, Carlos Díaz, confirmó que el presunto autor fue detenido. “El denunciado, haciendo uso de un arma de fuego tipo escopeta, disparó en contra de uno de los funcionarios, lesionándole y causándole la muerte”, señaló el persecutor. La investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de Los Ángeles de la PDI y el Laboratorio de Criminalística.
Carabineros, por su parte, comunicó la muerte del funcionario y condenó el ataque, calificándolo como un nuevo golpe contra la institución. “Condena enérgicamente este nuevo acto de violencia y expresa sus más sentidas condolencias a la familia, seres queridos y camaradas de servicio de nuestro nuevo mártir institucional”, señaló la institución.
Jaime Urrea era casado y no tenía hijos. Detrás de las cifras, los ascensos y las siete felicitaciones queda una historia mucho más concreta: la de un hombre que pasó 18 años y nueve meses en Carabineros, desarrolló principalmente labores operativas y terminó muriendo mientras respondía a una emergencia.
Su muerte ocurre, además, apenas una semana después del asesinato del suboficial mayor Cristopher Aguilera, dejando nuevamente a Carabineros de luto. Dos funcionarios muertos en procedimientos policiales en un corto período vuelven a poner sobre la mesa el riesgo que enfrentan quienes llegan a situaciones críticas sin saber si serán recibidos por una denuncia, una amenaza o, como ocurrió en Quilleco, por un disparo mortal.
