Tener una vivienda ampliada, construida por etapas o levantada sin completar todos los permisos municipales puede transformarse en un verdadero problema cuando llega el momento de vender, arrendar, heredar o solicitar financiamiento. Para miles de familias, precisamente ahí aparece la llamada “Ley del Mono”, mecanismo que permite regularizar construcciones mediante un procedimiento simplificado. La normativa vigente permite realizar el trámite hasta el 31 de diciembre de 2027, siempre que se cumplan una serie de requisitos.
Actualmente, entre las condiciones se encuentra que la vivienda haya sido construida antes del 4 de febrero de 2016, que no esté emplazada en zonas de riesgo o protección y que no existan reclamos pendientes por incumplimientos urbanísticos. También existen límites relacionados con la superficie y el avalúo fiscal: viviendas de menos de 90 m² con avalúo inferior a 1.000 UF o propiedades de menos de 140 m² con avalúo inferior a 2.000 UF pueden acogerse al procedimiento, siempre que cumplan las demás exigencias técnicas.
El trámite se realiza ante la Dirección de Obras Municipales (DOM) correspondiente y requiere documentación específica, entre ella una declaración de dominio, planos y especificaciones técnicas suscritos por un arquitecto o profesional competente, además de un informe que acredite el cumplimiento de las normas y el certificado de avalúo fiscal correspondiente. Una de las ventajas es que el permiso de edificación y la recepción definitiva se tramitan de manera simultánea, reduciendo parte de la burocracia habitual.
Ley del Mono
Pero el escenario podría cambiar. Un proyecto aprobado por la Cámara de Diputados busca extender la vigencia del régimen hasta el 31 de diciembre de 2029 y ampliar su aplicación a edificaciones construidas antes del 28 de noviembre de 2025. La iniciativa también contempla la creación de Equipos Comunales de Regularización de Viviendas, destinados a entregar asistencia a familias pertenecientes al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares. El proyecto ahora debe continuar su tramitación en el Senado.
El avance legislativo responde a una realidad que durante años ha quedado escondida detrás de las puertas de miles de casas: ampliaciones que nunca fueron inscritas, segundos pisos sin recepción definitiva y modificaciones realizadas por necesidad familiar, pero que terminaron dejando los papeles de la propiedad en una situación irregular. El propio debate parlamentario ha destacado que muchas de estas construcciones no han podido acogerse al régimen vigente por las fechas y condiciones establecidas.
El presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara, Juan Carlos Beltrán, valoró el avance de la iniciativa y sostuvo: “Miles de familias de nuestro país van a poder optar a regularizar su construcción y, de esa manera, poder optar a los beneficios del Estado de Chile”.
La discusión ahora se traslada al Senado. Y para quienes tienen una vivienda “a medio camino” entre lo construido y lo reconocido oficialmente, la diferencia puede ser enorme: regularizar no solo permite ordenar la situación municipal, sino que también puede facilitar una futura venta, arriendo o acceso a financiamiento. La oportunidad, eso sí, dependerá de que el inmueble cumpla las condiciones y de que el proyecto finalmente se convierta en ley.
