Una nueva controversia por las contrataciones del Gobierno de José Antonio Kast vuelve a poner bajo la lupa los antecedentes profesionales de quienes ocupan puestos de asesoría en el aparato público. Esta vez, el foco está en Santiago Acosta Rajbe, ciudadano venezolano que trabaja en el Ministerio de Relaciones Exteriores y cuya formación como abogado ha sido cuestionada por una investigación periodística.
Acosta se desempeña como asesor de la Dirección de Planificación Estratégica (Diplane), unidad que apoya al canciller Francisco Pérez Mackenna en materias relacionadas con la política exterior. Según los antecedentes publicados, recibe una remuneración mensual de $4.145.849 bajo la modalidad de contrato de experto. La cifra instala una pregunta inevitable sobre los criterios que utiliza el Estado para seleccionar y remunerar a quienes cumplen funciones especializadas.
El cuestionamiento apunta a que Acosta obtuvo su título de abogado en 2018 en la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, pero su nombre no habría sido encontrado en los registros consultados del Poder Judicial ni en la nómina de títulos extranjeros revalidados por la Universidad de Chile. Además, la información sobre su formación académica consignada en los antecedentes de contratación figura como enseñanza media, un dato que añade interrogantes sobre cómo fueron evaluadas sus credenciales para asumir el cargo.
Polémica en Cancillería
La situación exige hacer una distinción importante: que un título no aparezca en los registros consultados no demuestra, por sí solo, que exista una contratación irregular. Sin embargo, cuando se trata de recursos públicos y de cargos que exigen conocimientos especializados, resulta legítimo pedir claridad sobre los antecedentes académicos, la experiencia profesional y los requisitos utilizados para justificar una designación.
El caso tampoco aparece aislado. En las últimas semanas, otras contrataciones vinculadas al Gobierno han generado cuestionamientos públicos, entre ellas la de Romer Rubio Flores, asesor de la Presidencia cuyo título de abogado también fue objeto de dudas sobre su reconocimiento en Chile. Ese episodio llegó hasta la Contraloría, que solicitó antecedentes al Ejecutivo para conocer los fundamentos de su calificación como experto. Aunque se trata de situaciones distintas, ambas han puesto atención sobre los mecanismos de selección y acreditación de asesores gubernamentales.
A ello se suma que el nombre de Acosta había aparecido en una investigación de El Mostrador sobre presuntas gestiones de lobby a favor de Estados Unidos al interior de la Cancillería. Este antecedente corresponde a otra línea de cuestionamientos y no constituye, por sí mismo, una prueba de irregularidad en su contratación ni de responsabilidad personal.
Asesor del Gobierno recibe más de $4 millones
La discusión de fondo va más allá de la nacionalidad de un asesor. Lo que corresponde esclarecer es si las credenciales declaradas, la experiencia acreditada y las funciones efectivamente desempeñadas cumplen con los estándares exigibles para un cargo financiado con recursos públicos. La transparencia no debería depender de que una contratación se convierta en polémica: tendría que ser una condición básica desde el primer día.
Por ahora, los antecedentes publicados abren interrogantes que requieren respuestas documentadas. La ciudadanía tiene derecho a conocer bajo qué criterios se contrata a quienes asesoran al Gobierno y cómo se justifican sus remuneraciones. En una administración que debe responder por el uso de fondos públicos, la claridad sobre los títulos y las competencias profesionales no es un detalle administrativo: es parte de la confianza que las instituciones están obligadas a construir.
