La noche que terminó con la muerte del sargento segundo Jaime Urrea comenzó con una denuncia por violencia intrafamiliar que, en una primera intervención, parecía no escalar. Pero horas después el escenario cambió radicalmente. El hombre denunciado había consumido alcohol, su nivel de agresividad aumentó y fue su propio entorno familiar el que volvió a pedir auxilio a Carabineros. Esta vez, la advertencia era mucho más grave: permanecía encerrado en una habitación y tenía una escopeta.
De acuerdo con los antecedentes entregados por el fiscal regional del Biobío, Roberto Garrido, los funcionarios habían llegado inicialmente cerca de las 21:40 horas. Allí conversaron con la esposa del imputado, quien relató problemas de violencia intrafamiliar que calificó inicialmente como menores. Carabineros decidió dar cuenta de la situación al Juzgado de Familia y se retiró del inmueble. Sin embargo, poco después recibirían un segundo llamado que cambiaría completamente el procedimiento.
El nuevo aviso habría sido realizado por el hijo del imputado. Según explicó Garrido, después de consumir bebidas alcohólicas, el hombre “había despertado en una situación de mucho mayor agresividad”. La familia pidió que los funcionarios regresaran al domicilio y los mismos policías volvieron a enfrentar una situación que ya tenía un elemento crítico: un arma de fuego dentro de la vivienda.
Quilleco: la advertencia sobre una escopeta
La información que recibieron los uniformados antes de aproximarse a la habitación era clara. El hombre se encontraba encerrado y tenía una escopeta. Pese al riesgo, los funcionarios debían proteger a quienes habían pedido ayuda y evitar que la situación terminara en una nueva agresión. El propio fiscal regional explicó que la prioridad era “resguardar a las personas que habían llamado, a la mujer y al hijo”, considerando el peligro que representaba que el imputado tuviera el arma a su disposición.
Fue en ese momento cuando el sargento Urrea, quien estaba a cargo de la patrulla, quedó frente a la situación que terminaría costándole la vida. Los policías se acercaron a la puerta del dormitorio e intentaron dialogar con el hombre para conseguir que saliera y entregara el arma. Pero el procedimiento terminó abruptamente cuando se produjo el disparo que impactó al funcionario en el cuello.
La Fiscalía ha confirmado que el presunto autor fue detenido en el mismo lugar por los otros funcionarios. El fiscal jefe de Los Ángeles, Carlos Díaz, señaló: “El denunciado, haciendo uso de un arma de fuego tipo escopeta, disparó en contra de uno de los funcionarios, lesionándole y causándole la muerte”. La investigación quedó en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI y del Laboratorio de Criminalística, con el objetivo de reconstruir exactamente la dinámica del ataque.
El minuto en que todo se salió de control
El caso tiene además una particularidad que vuelve todavía más compleja la tragedia: según los primeros antecedentes conocidos, el arma estaba inscrita y el detenido no registraba antecedentes penales relevantes, salvo un episodio por conducción en estado de ebriedad ocurrido en 2018. Tampoco existían denuncias previas por violencia intrafamiliar asociadas al domicilio, de acuerdo con los antecedentes difundidos durante las primeras horas de la investigación.
Urrea, de 40 años, llevaba 18 años en Carabineros, estaba casado y no tenía hijos. Pertenecía al Retén Canteras, dependiente de la Primera Comisaría de Los Ángeles, y fue declarado nuevo mártir institucional tras su fallecimiento. Su muerte ocurrió, además, apenas una semana después del asesinato del suboficial mayor Cristopher Aguilera en Lo Espejo.
La tragedia de Quilleco deja una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿qué margen de maniobra tiene un policía cuando llega a una vivienda para proteger a una familia y se encuentra con un hombre armado encerrado en una habitación? Los antecedentes deberán ser establecidos por la investigación, pero hay un hecho imposible de esquivar: una denuncia que inicialmente parecía controlable terminó convirtiéndose, en cuestión de horas, en un procedimiento mortal para uno de los funcionarios que acudió a proteger a esa misma familia.
