El valor del TAG podría entrar en una nueva etapa para miles de automovilistas de la Región Metropolitana. El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, confirmó que el Gobierno mantiene conversaciones con concesionarias de las autopistas urbanas más antiguas de Santiago para conseguir una reducción de las tarifas, utilizando como principal mecanismo una extensión de los períodos de concesión.
La lista entregada por la autoridad incluye a Autopista Central, Costanera Norte, Vespucio Norte y Vespucio Sur, precisamente las vías que concentran altos flujos y cuyos contratos tendrían menos años por delante. De Grange explicó que existe mayor margen de negociación cuando a una concesión le quedan alrededor de cinco años, porque una extensión del contrato permitiría distribuir los ingresos durante un período más prolongado y, con ello, reducir el cobro a los usuarios.
El problema es que todavía no existe una cifra definitiva para saber cuánto podría bajar el TAG. El propio biministro advirtió que el cálculo dependerá de cada autopista, del contrato vigente y también de los horarios, debido a que existen tarifas punta, de saturación y fuera de punta. Por ahora, por lo tanto, hablar de un porcentaje concreto de rebaja sería anticiparse a negociaciones que todavía no llegan a un acuerdo final.
Gobierno apunta a cuatro autopistas
La fórmula, además, abrió un debate que va mucho más allá de cuánto pagará un conductor cada mes. El Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), a través de su director ejecutivo y exministro de Obras Públicas Carlos Cruz, cuestionó la posibilidad de extender las concesiones y estimó que el mecanismo podría implicar para el Estado una exposición de entre US$600 millones y US$800 millones anuales. Cruz también sostuvo que una disminución del TAG podría incentivar el uso del automóvil y aumentar la congestión, además de reducir el incentivo para utilizar el transporte público.
De Grange respondió directamente a esa crítica y descartó que la operación implique un nuevo endeudamiento en los términos planteados por el CPI. “No es un endeudamiento, o sea la deuda sigue siendo exactamente igual, lo que pasa es que la estás prorrateando por un periodo mayor de tiempo”, sostuvo. El ministro agregó que la lógica sería extender el período de pago para permitir una reducción de las tarifas y afirmó que, desde el punto de vista del equilibrio financiero, ambas alternativas deberían ser equivalentes.
La discusión también pone sobre la mesa una cuestión que afecta directamente al usuario: qué recibirá a cambio de una eventual extensión de las concesiones. Mientras el Gobierno plantea que la negociación puede aliviar el costo de circular por Santiago, desde el CPI se han mencionado otras alternativas, como tarifas dinámicas, mejor información sobre congestión, mejoras en enlaces y mayor conexión entre autopistas.
Por ahora, el Gobierno no ha fijado una fecha definitiva para anunciar las nuevas tarifas. De Grange aseguró que las conversaciones con las concesionarias han sido positivas, pero el monto de la eventual rebaja dependerá de cada contrato. Así, la promesa de pagar menos por el TAG ya está instalada, pero todavía falta conocer la letra pequeña de un acuerdo que podría modificar durante años la relación entre los automovilistas, las concesionarias y el Estado.
