La ministra del Deporte, Natalia Duco, enfrenta una nueva polémica luego de que salieran a la luz imágenes de una celebración privada que hoy forman parte de los antecedentes analizados por la Contraloría General de la República. El registro audiovisual, que muestra a la autoridad compartiendo con funcionarios de la cartera en un encuentro social realizado en abril, reactivó el debate sobre el uso de recursos públicos y la transparencia en el ejercicio de los cargos de gobierno.
La controversia no se limita al contenido del video. La investigación busca determinar si la ministra utilizó un vehículo fiscal para trasladarse hasta una actividad que no estaría relacionada con sus funciones oficiales. La denuncia, presentada a comienzos de julio, sostiene que el encuentro tuvo un carácter estrictamente recreativo y solicita establecer si existió una eventual infracción a la normativa que regula el uso de automóviles estatales.
Las imágenes muestran una reunión realizada en una vivienda del sector de Lo Curro, en la comuna de Vitacura. Según los antecedentes conocidos hasta ahora, la actividad incluyó un asado, música y una sesión de karaoke en la que participaron distintos funcionarios del Ministerio del Deporte.
El registro incorpora escenas en las que aparece la propia secretaria de Estado interpretando la canción «Sirena», del dúo Sin Bandera, mientras comparte con otros asistentes.
Video de fiesta pone contra las cuerdas a Natalia Duco
Desde el ministerio rechazaron cualquier irregularidad y defendieron la actuación de la autoridad. En la respuesta enviada al organismo fiscalizador, la cartera aseguró: «En dicha jornada la secretaria de Estado se trasladó a una reunión de trabajo sostenida con ambos gabinetes ministeriales en el domicilio particular de una exservidora a honorarios de esta cartera ministerial». La explicación, sin embargo, quedó bajo escrutinio después de la difusión del video.
La investigación también se desarrolla en un contexto especialmente complejo para la exatleta olímpica, quien durante las últimas semanas ha debido enfrentar cuestionamientos relacionados con el pago de la Beca Proddar y con distintas decisiones adoptadas desde su llegada al gabinete.
Será la Contraloría la que deberá determinar si los antecedentes constituyen una falta administrativa o si la actividad se ajustó a la legalidad vigente. Por ahora, el episodio vuelve a instalar una pregunta incómoda en el debate público: ¿dónde termina una reunión de trabajo y dónde comienza una celebración privada?
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