Ex operadores de buses de Copiapó intentan apropiarse de empresa concesionaria de buses eléctricos y desatan conflicto judicial.
Un complejo conflicto judicial y empresarial se desató en la ciudad de Copiapó, luego de que un grupo de antiguos operadores del transporte público local fuera acusado de intentar apropiarse de la empresa concesionaria del nuevo sistema de buses eléctricos, en medio de denuncias cruzadas y amenazas de acciones legales.
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La controversia fue expuesta por el abogado Jorge Ibarra (en la foto), quien asegura que la ofensiva de ex integrantes de la Asociación Gremial de Dueños de Taxibuses del Sol de Atacama responde a una “interpretación errónea” del modelo de negocio y a expectativas que, según afirma, nunca tuvieron respaldo jurídico.
De acuerdo con el relato del jurista, el conflicto tiene su origen en el proceso de transformación del sistema de transporte urbano de Copiapó hacia la electromovilidad, impulsado bajo el alero del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) de Chile.
En ese contexto, se desarrolló una licitación que terminó adjudicando la operación a la empresa Nueva Copiapó, sociedad creada específicamente para este fin.
Respaldo financiero
Según Ibarra, los antiguos operadores —que durante años prestaron el servicio bajo un modelo tradicional, pero sin organización operacional y con múltiples reclamos de los pasajeros— no cumplían con las condiciones exigidas para participar directamente en la licitación, principalmente por tratarse de una asociación gremial sin fines de lucro.
“El nuevo sistema exige un operador único, con respaldo financiero y capacidad de gestión, lo que es incompatible con la estructura gremial”, explicó.
Para viabilizar el proyecto, se conformó una sociedad con participación del empresario del transporte Mauricio Castañeda y del entonces presidente gremial local, David Fábrega, además del propio Ibarra, quien recibió una participación minoritaria como parte de sus honorarios profesionales.
El capital inicial, según detalló, fue reducido —cerca de 10 millones de pesos—, mientras que la implementación del sistema implicó inversiones superiores a los 20 millones de dólares, financiadas mediante endeudamiento.
Uno de los puntos más controvertidos es que, según el abogado, existió un compromiso “de carácter moral” —no jurídico— para eventualmente beneficiar a los antiguos operadores, ya sea mediante empleos o promesas futuras de participación accionaria.
«Nunca hubo obligación legal»
“Fue una decisión de buena fe, para no dejarlos fuera del proceso, pero nunca existió obligación legal”, sostuvo.
Sin embargo, tras cambios en la directiva de la asociación gremial y la llegada de nuevos dirigentes, se habría instalado la convicción de que existió una apropiación indebida del negocio.
Esta interpretación derivó en acusaciones públicas de estafa y amenazas de judicialización.
Ibarra rechaza tajantemente dichas acusaciones: “No puede haber apropiación de algo que nunca fue de ellos».
«No aportaron capital ni participaron como sociedad en la licitación”, afirmó.
El conflicto escaló luego de reuniones fallidas entre las partes, en las que —según el abogado— representantes de los ex operadores, acompañados por asesoría legal, habrían planteado acciones judiciales e incluso insinuado la posibilidad de intervenir instalaciones vinculadas al sistema de transporte.
Ante este escenario, Ibarra anunció que iniciará acciones legales por injurias y calumnias contra dirigentes identificados de la asociación, entre ellos Luis Araya, además de otros miembros de la directiva.
“No voy a aceptar que se me impute un delito que no he cometido. Aquí hay una afectación grave a mi honra”, señaló.
El abogado también advirtió que cualquier intento de interrumpir el servicio podría tener consecuencias mayores, incluyendo acciones por parte del Estado.
“Estamos frente a un servicio público que moviliza a más de 30 mil pasajeros diarios. Cualquier alteración podría implicar responsabilidades legales severas”, sostuvo.
Mientras tanto, el sistema de buses eléctricos —considerado uno de los más ambiciosos a nivel regional— continúa operando bajo el modelo actual, con contratos que se extienden por 96 meses.
La disputa, sin embargo, abre un nuevo flanco en la implementación de la electromovilidad en regiones, evidenciando tensiones entre modelos tradicionales y nuevas estructuras empresariales.
Se verán en tribunales
Por ahora, el conflicto se encamina a tribunales, en un caso que podría sentar precedentes sobre la transición del transporte público en Chile y los límites entre expectativas sociales y derechos legales en procesos de modernización.
En el caso de la primera concesión ciento por ciento eléctrica, el sistema podría verse enredado en una nebulosa jurídica debido al error y eventualmente maliciosa interpretación de los antiguos operadores
Nunca pedí nada a nadie
A juicio de otros actores del sistema de transporte público de regiones, el tema de Copiapó es delicado pues la modernidad se enfrenta a un gremio plagado de resabios del pasado que parecen pensar que solo por ser históricos, algo se les debe.
Ex operadores de buses de Copiapó intentan apropiarse de empresa concesionaria de buses eléctricos y desatan conflicto judicial.
barra fue enfático: “Nunca le pedí nada a nadie. Entonces no puede haber estafa, no puede haber hurto, porque no hay apropiación, no hay enriquecimiento”. Añadió que la Asociación Gremial “por definición es una persona jurídica sin fines de lucro” y por tanto “como persona jurídica no tiene ninguna posibilidad de participar en estos procesos de licitación”.
