La investigación por la desaparición y posible homicidio de la dirigente mapuche Julia Chuñil se ha convertido en un campo de batalla legal y comunicacional, con la defensa de sus hijos acusados de parricidio lanzando una crítica frontal al Ministerio Público por la conducción de las diligencias y el foco puesto en el desarme de la propiedad familiar en Máfil, región de Los Ríos.
La abogada Karina Riquelme, representante legal de los tres hijos formalizados, no fue moderada al cuestionar el trabajo pericial en el predio donde vivía la mujer desaparecida. Riquelme sostiene que las excavaciones, el uso reiterado de georradar y la demolición de inmuebles no responden a nuevos hallazgos decisivos, sino a trabajos ya realizados con anterioridad —incluso desde marzo de 2025— sin resultados concluyentes.
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“Nos dicen hoy para justificar esta demolición que habrían encontrado muestras de sangre, pero no sabemos la data”, afirmó la defensora, dejando en evidencia una crítica potente hacia la lógica de la investigación actual.
Defensa arremete contra Fiscalía en caso Chuñil
Más allá de las pericias técnicas, la defensa ha cuestionado la tesis del Ministerio Público que apunta a un parricidio, alegando que no existe un contexto claro de violencia intrafamiliar y que la familia era “grande, unida” y con la confianza de Julia, según Riquelme. En su versión, existen otros lugares y pistas —incluido el último sitio donde se encontró sangre de la víctima— que han quedado abandonados y sin resguardo policial, lo que, a juicio de la defensa, podría ser más significativo que demoler estructuras que ya habían sido objeto de rastreos en etapas previas.
El cruce también pone en tela de juicio la gestión de la fiscal Tatiana Esquivel, quien dirige la investigación por la posible muerte de Chuñil ocurrida el 8 de noviembre de 2024, después de meses de búsqueda sin un cuerpo hallado públicamente. Riquelme incluso reveló que hubo tensiones internas en el Ministerio Público, con la propia fiscal solicitando ser apartada del caso para mantener objetividad, petición que no fue acogida por el fiscal nacional, Ángel Valencia.
El escenario que se abre alrededor de este caso deja ver más que discrepancias técnicas entre defensa y persecutores: cuestiona la forma en que se equilibra la búsqueda de justicia con la exposición pública de teorías aún no probadas, la gestión de evidencias, y la comunicación judicial en un caso que ha capturado la atención nacional. Mientras el expediente crece y las críticas aumentan por las decisiones estratégicas de la Fiscalía, la familia de Chuñil insiste en que las prioridades están mal planteadas y que, hasta ahora, la investigación parece orientarse más hacia el impacto mediático que hacia la verdad que buscan desde hace más de un año.
