Un nuevo retroceso en la gestión de la seguridad pública mostró el Gobierno al confirmar que finalmente si se presentará una ampliación de las querellas ya en marcha en contra del vocero y líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien, en una entrevista, llamó a la violencia y actos de sabotaje.
Así lo anunció anoche la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, quien indicó que las acusaciones penales que se reformularán son las mismas relacionadas con la violencia rural registrada en la macrozona sur y que se han emprendido tras diversos atentados, algunos de los cuales han sido reivindicados por Llaitul.
«Hemos querido evaluar el ampliar las querellas en torno a estos hechos, que nos parecen graves, como también solicitar una serie de diligencias investigativas al Ministerio Público para demostrarle al país con claridad que el Gobierno está comprometido a resolver los conflictos en la zona, como también que no va limitarse a usar ningún instrumento de nuestro ordenamiento jurídico».
Según la ministra Siches, las reivindicaciones hechos por Llaitul serían constitutivos de delito porque él se atribuye participación en distintos atentados ocurridos en el sur. A ello se suma la presión que ayer le puso el Fiscal Nacional Jorge Abbott, quien aclaró que solo una querella del Estado permitiría perseguir las revelaciones del líder de la CAM.
«Así. considerando lo que ha manifestado el fiscal nacional (Jorge Abbott) hemos optado por ampliar nuestra querella como también solicitar activamente a la Fiscalía acciones investigativas que creemos que resuelven esta polémica y nos permite avanzar», dijo la secretaria de Estado.
Consultada por las razones del cambio de conducta del Ejecutivo, la ministra del Interior negó que exista un giro o retroceso en la evaluación penal del Gobierno, asegurando que existe «una serie de querellas que están vigentes, que están disponibles para que el Ministerio Público actúe y que todos esperamos que tengan resultados, así como también las ultimas declaraciones dan cuenta de la adjudicación de lo que pueden ser los hechos de violencia de la última semana y ahí sin duda debemos perseverar en la investigación».
Acusación
No obstante, fuentes del Socialismo Democrático (socios políticos del Gobierno) apuntan que La Moneda cedió a las presiones de la oposición tras evaluar que la ministra del Interior podría haber sido objeto de una acusación constitucional, por lo que era relevante no exponer al Ejecutivo a dicha instancia, en momentos que el país se prepara para el Plebiscito 2022.
Así ocurrió en noviembre de 2020, cuando el entonces titular de Interior, Víctor Pérez, debió renunciar a la jefatura de gabinete a los 98 días de asumir, luego de que la Cámara de Diputados aprobara el voto político para una acusación constitucional por negarse a perseguir penalmente al gremio camionero (tras un paro nacional) pero sí hacerlo en los casos de violencia rural.
En este caso el análisis político del Gobierno apuntó a que si se repudiaba y alentaba acciones en contra del empresario Pedro Pool , también debían tomarse medidas por los dichos de Llaitul.
