El caso que mantiene en vilo a la opinión pública y está salpicando a las élites políticas chilenas sumó este martes un nuevo capítulo judicial: la defensa de la presunta víctima de Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior, presentó una acusación particular solicitando una pena de 17 años de cárcel, sobresaliendo dos años más que la solicitud del Ministerio Público.
La jugada, que amplifica la presión sobre el exfuncionario, plantea un debate más profundo sobre la justicia, el poder y la protección de las víctimas en Chile.
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La abogada María Elena Santibáñez, representante legal de la mujer que acusa a Monsalve de violación y abuso sexual, argumentó ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que los hechos —que habrían ocurrido entre la noche del 22 y la madrugada del 23 de septiembre de 2024 en el Hotel Panamericano, frente a La Moneda— provocaron un daño que trasciende el acto mismo de la agresión y amerita una pena más severa.
Por eso solicitó 12 años y medio por violación y 4 años y medio por abuso sexual, pidiendo que el tribunal considere la “extensión del mal causado” a la víctima, un criterio recogido en el artículo 369 bis A del Código Penal.
Este movimiento jurídicamente agresivo contrasta con la postura del Ministerio Público, que semanas atrás había solicitado 14 años de presidio por los mismos cargos.
Querellante de Manuel Monsalve intensifica ofensiva
La estratagema de la acusación particular no solo busca endurecer la sanción, sino colocar en escena a figuras clave del gobierno anterior, al pedir que declaren como testigos el Presidente Gabriel Boric, la exministra del Interior Carolina Tohá y otros altos mandos que habrían estado al tanto de los hechos o de los antecedentes antes de la salida de Monsalve de su cargo.
El caso Monsalve, que ya ha provocado sacudidas en la política nacional, no se limita a la acusación penal. Según investigaciones paralelas, la denunciante ha emprendido medidas contra el Estado por “falta de protección” y por impactos laborales y psíquicos derivados de la situación, argumentando que las instituciones fallaron en resguardar su integridad durante y después de la relación laboral con el exsubsecretario.
Este frente judicial adicional podría abrir otra batalla con implicancias más allá de la condena al imputado, al poner sobre la mesa responsabilidades institucionales.
A la espera de la audiencia de preparación de juicio oral fijada para el 20 de enero, en la que también se revisará la solicitud de la defensa de Monsalve para reabrir parte de la investigación, el proceso continúa exponiendo tensiones entre la percepción pública de la justicia y las estrategias dentro del tribunal.
Para muchos observadores, la insistencia de la acusación particular en endurecer las penas y en traer a testificar a figuras de primer plano del ejecutivo refleja no solo la búsqueda de justicia por parte de la víctima, sino también la presión por hacer visible todo el contexto político y de poder que rodeó el caso.
