En una jornada de alta tensión institucional, el Senado dio luz verde a la acusación constitucional presentada contra Antonio Ulloa, juez de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Con la aprobación el camino hacia su remoción del cargo y la suspensión de ejercer funciones públicas queda abierto.
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El libelo fue impulsado por la Cámara de Diputados de Chile, que ya había aprobado la acusación por 141 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.
Los cargos apuntan a una supuesta vulneración del deber de imparcialidad.
Además se le acusó de filtración de información judicial a terceros y maniobras irregulares en nombramientos dentro del Poder Judicial.
Para que Ulloa sea efectivamente destituido, debía obtener al menos dos tercios de los votos para declarar procedente la acción constitucional.
Con la mayoría alcanzada, el juez queda inhabilitado para ejercer cargos públicos durante cinco años, según la normativa vigente.
El magistrado permanece suspendido de sus funciones mientras se concreta el proceso disciplinario.
El desenlace marca un nuevo capítulo en la crisis de credibilidad del sistema judicial chileno.
La aprobación de la acusación contra Ulloa podría abrir la puerta a nuevos procedimientos similares en contra de otros magistrados.
