La controversia que estalló a fines de diciembre alrededor de Sergio Rojas y su crítica pública a la familia de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza no se apaga con la tibia defensa del canal Zona Latina. A pesar de que la estación televisiva ha intentado minimizar la polémica, atribuyéndola a una “molestia familiar” que naturalmente ocurre cuando alguien critica a figuras públicas, la réplica ha tomado dimensiones institucionales y éticas que colocan al comentarista en el ojo del huracán mediático y legal.
Los dichos de Rojas, que apuntaron directamente al hijo adoptivo de la pareja —Benjamín— al insinuar que su exposición pública respondería a una exhibición egoísta más que al bienestar del niño, no solo encendieron las redes: la Defensoría de la Niñez presentó una denuncia formal ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) y el Consejo de Ética de los Medios, argumentando que sus palabras vulneran la dignidad, vida privada e identidad de un menor, así como el principio del interés superior del niño, un estándar legal y ético innegociable.
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Zona Latina intenta apagar incendio mediático
Lejos de retroceder, Rojas ha escalado el conflicto. En lugar de ofrecer disculpas claras, se ha mantenido en la ofensiva cuestionando a Araneda y desafiando a la familia a resolver el conflicto en tribunales, alegando que tiene “pruebas y antecedentes” sobre intentos de marginarlo del medio televisivo.
Su postura combativa —que califica la denuncia como una reacción exagerada a un comentario— ha sido interpretada por críticos como una dramática confusión entre ejercicio de libertad de expresión y derecho a la injuria mediática.
La grieta que se ha abierto en torno a este episodio también se refleja entre figuras de la farándula. Pamela Díaz, compañera de Rojas en pantalla, no ocultó su crítica: lo llamó a no “creerse tan importante” y puso en evidencia que la polémica desatada no solo tiene efectos legales, sino también impacto en las dinámicas internas del propio medio.
A pesar de los esfuerzos por parte de Zona Latina por rebajar el perfil de la controversia, calificándola como un “mero malestar familiar”, la acumulación de denuncias oficiales, el escrutinio ético de la Defensoría de la Niñez y la ola de críticas de pares mediáticos sugieren que estamos ante una crisis más profunda que solo una mala declaración: pone en cuestión los límites del periodismo de espectáculos, la responsabilidad al hablar de familias y niños en televisión, y el futuro profesional de un animador que ha pasado de ser un rostro polémico a un caso emblemático de debate ético en los medios chilenos.
