En noviembre de 2023, el Primer Tribunal Ambiental aprobó un acuerdo de conciliación en el marco de la demanda por daño ambiental contra la minera Cerro Colorado de BHP, debido a la extracción de agua del acuífero Lagunillas.
Esta resolución, alcanzada entre la empresa y el demandante, Luis Jara Alarcón, establece la implementación de seis medidas por un valor de USD $18 millones. Los ministros Alamiro Alfaro, Cristián López y Juan Opazo ratificaron la propuesta tras considerarla conforme al estándar científico luego de una revisión exhaustiva.
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Antonio Rojas Araya abogado ambientalista y docente afirmó que “Lo ocurrido con el caso Jara y minera Cerro Colorado debe considerarse una alerta para los tribunales ambientales del país.
El fallo señaló que la transacción cumplía con el principio de indemnidad, conforme al artículo 44 de la Ley 20.600, y consideró medidas como el riego artificial del bofedal Lagunillas.
Sin embargo, esta conclusión es técnica y jurídicamente insostenible, ya que no se abordó la reparación del daño crítico al acuífero Lagunillas, del cual se extrajeron más de 120.000.000 m³ de agua, superando ampliamente el ciclo de recarga ecológica del sistema”.
Asimismo, el jurista señaló que el fallo pasó por alto los efectos acumulativos de la explotación, calificada como «descontrolada ambientalmente», que provocó un daño irreversible en el equilibrio del acuífero.
Según la Resolución N°9 de 2022 de la Dirección General de Aguas (DGA), la capacidad de carga anual del sistema hídrico de Lagunillas era de apenas 1.200.000 m³, mientras que la demanda hídrica total superaba los 9.200.000 m³ anuales, evidenciando un uso intensivo e insostenible.
Además, destacó que la única forma de reparar el daño sería devolver los 120.000.000 m³ extraídos, una medida que no fue contemplada en la transacción aprobada.
“Las medidas aprobadas, como el riego artificial del bofedal, presentan serias deficiencias, ya que no se garantizó un suministro hídrico constante, convirtiendo esta solución en una medida cosmética sin impacto real en la recuperación del ecosistema afectado”, enfatizó Rojas.
También se podría acusar prevaricación en el actuar de los 3 ministros, ya que, la corte Suprema había rechazado el cambio del punto de captación del agua del bofedal. Y ante esto los ministros ignoraron el rechazo de la suprema, y aprobaron la transacción, comentó el abogado.
La relación con los Walker de candidatos a ministros
Un aspecto preocupante en este caso fue la ausencia del informe técnico de indemnidad del daño ambiental, un documento que desestimaron el actual ministro de Ciencias, ex-gobernador de Coyhaique durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Cristián López al igual que su par Alamiro Alfaro. Ambos son cercanos a los hermanos Patricio y Matías Walker.
Este documento, que habitualmente elaboran los funcionarios técnicos del Tribunal Ambiental en la jurisdicción de Antofagasta, permite evaluar rigurosamente si las medidas propuestas garantizan la indemnidad del ecosistema afectado.
Sin este informe, no se pudo evidenciar la falta de indemnidad ni prevenir una decisión que incumple las exigencias técnicas y legales para la protección del medio ambiente.
Al respecto, el docente y especialista en medioambiente destacó que los USD $18 millones comprometidos en la transacción son insignificantes frente a las ganancias obtenidas por la compañía.
Durante el proceso de extracción, la minera produjo tres millones de toneladas de cobre fino y generó un EBITDA estimado de USD $7 mil millones para BHP, lo que evidencia los beneficios extraordinarios obtenidos a costa del daño ambiental y la falta de sostenibilidad en el uso del recurso hídrico.
“La resolución de este conflicto marcará un precedente crucial para el futuro del medio ambiente y la responsabilidad de quienes explotan los recursos naturales más valiosos del país”, finalizó el abogado ambientalista.
