La nociva historia de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez, dio un vuelco dramático este fin de semana: Carabineros la detuvo en su vivienda en Las Condes acusada de cohecho y lavado de activos, lo que la convierte en la primera exjueza del máximo tribunal chileno en pasar de dictar sentencias a enfrentar la justicia penal como imputada.
Un episodio que desnuda mucho más que un escándalo individual, sino una crisis de credibilidad que golpea al corazón de la institucionalidad judicial chilena.
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La orden de detención se ejecutó el domingo en la noche tras un fallo de la Corte Suprema que declaró admisible una querella de capítulos presentada por la Fiscalía, permitiendo avanzar con diligencias intrusivas que incluyeron la formalización y la eventual solicitud de prisión preventiva.
La caída sin precedentes de una ex-Corte Suprema
Según el Ministerio Público, Vivanco habría intervenido en fallos claves para beneficiar a intereses privados vinculados al consorcio Belaz-Movitec, en desmedro de Codelco, situación que gatilló el relevo de acusaciones en su contra por posibles sobornos y manejo irregular de recursos.
La investigación penal —conocida en tribunales como la “Muñeca Bielorrusa”— apunta a que Vivanco no solo favoreció a actores externos mediante decisiones judiciales, sino que además habría recibido beneficios económicos que luego habría lavado, según señalan los persecutores. El caso ha involucrado no solo a la exmagistrada, sino también a su círculo cercano, incluidos abogados y terceros asociados en la trama, quienes ya han sido formalizados o detenidos por hechos conexos.
La detención de Vivanco no fue un hecho fortuito. La querella que desencadenó el proceso fue presentada por la Fiscalía Regional de Los Lagos y dejó claro que —tras revisión judicial— existían antecedentes que ameritaban avanzar con medidas cautelares en su contra.
La diligencia policial, efectuada por el OS-7 de Carabineros, se realizó con normalidad, con lectura de derechos y presencia de su defensa, y sin incidentes públicos durante la aprehensión en el sector oriente de Santiago.
Este hito judicial —que ve a una extitular de la Suprema enfrentando cargos de tal magnitud— abre un debate feroz sobre la falta de control y resguardo ético en la cúspide del Poder Judicial, en momentos en que la ciudadanía exige mayor transparencia y rendición de cuentas de quienes tienen el monopolio de la última palabra legal. Más allá de una caída personal, el caso de Vivanco se erige como un espejo de las tensiones dentro de un sistema que se jacta de imparcialidad pero que hoy enfrenta una de sus peores crisis de legitimidad en décadas.
