La polémica por la salida de la directora del SernamEG sigue escalando y ahora sumó una voz inesperada, pero incómoda para el Gobierno. El arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, rompió el silencio y apuntó directamente a la ministra de la Mujer, Judith Marín, en medio de las críticas por el despido de una funcionaria en pleno tratamiento contra el cáncer.
Lejos de un discurso técnico o político, Chomalí optó por un golpe directo al plano ético. “Uno tiene que hacer a los demás lo que quiere que le hagan”, planteó, en una frase que, aunque sencilla, terminó siendo un cuestionamiento frontal a la decisión del Ejecutivo. Pero no se quedó ahí: fue más allá y pidió explícitamente que la ministra “se ponga en el lugar” de la afectada, dejando en evidencia que, para él, el problema no es administrativo, sino humano.
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El religioso insistió en que el caso obliga a una reflexión más profunda sobre el rol del Estado y el trato hacia quienes atraviesan situaciones críticas. Habló de “sentido mínimo de solidaridad”, un concepto que golpea justo en el corazón de la controversia: una funcionaria que llegó por concurso público, que enfrentaba una enfermedad grave y que, aun así, fue removida de su cargo.
El mensaje no es aislado. La salida de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género ha generado rechazo transversal, incluso dentro de sectores afines al Gobierno, instalando un flanco político que mezcla gestión, ética y empatía. Y en ese contexto, la intervención de Chomalí no solo suma presión, sino que eleva el debate a un terreno más incómodo: el de los principios.
Porque más allá de las justificaciones oficiales, el episodio dejó de ser un simple cambio de autoridad. Se transformó en una prueba de carácter para un Gobierno que prometía orden, pero que ahora enfrenta cuestionamientos por algo mucho más básico: el trato humano. Y ahí, el “mínimo de solidaridad” que exige Chomalí no suena como consejo… suena como reproche.
