Denuncian que Negligencia del Sernameg facilitó la libertad del agresor de Nabila Rifo.
Una investigación revela omisiones del organismo en el seguimiento y denuncia de los beneficios carcelarios otorgados al condenado Mauricio Ortega.
Una serie de errores administrativos y falta de control por parte del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) habría permitido la libertad anticipada de Mauricio Ortega.
El sujero, está condenado por la brutal agresión a Nabila Rifo en 2016.
Así lo reveló una investigación de BBCL Investiga, que expone graves falencias en la actuación del organismo encargado de la protección y acompañamiento de víctimas de violencia de género.
De acuerdo con el reportaje, el SernamEG fue notificado en marzo de 2024 sobre la posibilidad de libertad condicional de Ortega.
Pese a ello, la cartera no presentó objeciones ni realizó gestiones para oponerse a la medida.
Tampoco entregó antecedentes actualizados sobre el impacto del delito en la víctima.
Tampoco elaboró informes psicológicos que pudieran haber influido en la evaluación de la Comisión de Libertad Condicional.
El Ministerio Público, por su parte, confirmó que tampoco recibió comunicaciones formales del SernamEG respecto al caso, pese a que el agresor cumplía una condena por femicidio frustrado y lesiones gravísimas.
Sernameg facilitó la libertad del agresor de Nabila Rifo
Este silencio institucional fue interpretado como conformidad, lo que allanó el camino para que Ortega obtuviera el beneficio penitenciario en julio de 2024.
Según detalla la investigación, funcionarios del SernamEG en la Región de Aysén habrían advertido internamente la gravedad de la situación.
No obstante, sus observaciones no fueron tramitadas ni respondidas por la dirección nacional.
Fuentes del propio servicio señalan que el caso fue manejado con descoordinación y falta de prioridad.
Ello, pese a tratarse de uno de los delitos de violencia de género más emblemáticos del país.
El abogado de Nabila Rifo calificó la situación como una «falla inexcusable del Estado».
El profesional añadió que la víctima nunca fue informada oficialmente de la inminente liberación de su agresor.
«No hubo acompañamiento, ni defensa activa, ni gestión para frenar este beneficio», sostuvo.
Desde el Gobierno, el Ministerio de la Mujer instruyó un sumario interno para determinar eventuales responsabilidades administrativas.
En paralelo, se evalúan modificaciones legales para garantizar que las instituciones a cargo de la defensa y apoyo de víctimas tengan participación obligatoria en los procesos de libertad condicional por delitos graves de género.
Frente al caso, desde el Congreso algunos parlamentarios de oposición afirmaron que emprenderían acciones en contra de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.
