La desaparición de María Elcira Contreras, la adulta mayor de 85 años vista por última vez en el restaurante del fundo Las Tórtolas en Limache, sigue envuelta en misterio casi 21 meses después de que fuera vista por última vez el 12 de mayo de 2024.
Lo último en agitar el caso —que ya tiene a dos funcionarios de la PDI imputados y a la dueña del fundo también bajo la lupa— es la teoría de que parte del material clave de las cámaras de seguridad fue deliberadamente omitido o “borrado”, lo que podría explicar por qué nunca se logró reconstruir con precisión las horas cruciales en que desapareció la mujer.
El foco de esta sospecha gira en torno al manejo de las grabaciones de video, pieza central de toda investigación de desaparición. Según lo que ha trascendido en el proceso, un disco duro que contenía las grabaciones fue entregado a Fiscalía con apenas 6 horas de registro cuando debería haber almacenado 24, lo que desató interrogantes sobre quién decidió, cómo y por qué se limitó el acceso a ese material audiovisual. La perito audiovisual que revisó el archivo detectó de inmediato la discrepancia, lo que abrió una caja de preguntas sin respuestas claras.
“Las borraron porque ahí está la verdad”
Este aparente “recorte” temporal es clave porque, como ha señalado la nieta de María Elcira, las grabaciones faltantes coinciden con el lapso en que la adulta mayor fue vista por última vez y después no retornó al grupo familiar. “Nos fuimos alrededor de las 10 de la noche y hay grabaciones hasta las 6 de la tarde… hay mucho movimiento que falta”, acusó la nieta, sugiriendo que en esas horas podría estar la clave de lo sucedido. La familia ha expresado que, si hubieran tenido acceso a todo el material, podrían haberse trazado movimientos y posibles interacciones que nunca llegaron a investigarse.
El episodio del disco duro también tomó tintes polémicos cuando una fiscal de Limache comentó que uno de los policías que portaba la grabación trató de retener el equipo argumentando que lo “usarían en la unidad policial”, lo que generó un forcejeo verbal antes de que la información fuera finalmente trasladada a la Fiscalía.
Esto ha causado que voces dentro de la investigación hablen de una posible obstrucción a la justicia o negligencia grave en la cadena de custodia, algo que nunca debería suceder en un caso de desaparición.
Esta sospecha no ha sido desmentida por las autoridades judiciales ni por la PDI, y se suma a otras lagunas del caso, como contradicciones entre informes policiales y la falta de entrega de otras piezas de evidencia ordenadas por la Fiscalía.
Para la familia, la teoría de que “algo se ocultó deliberadamente” ya no es solo un comentario desesperado, sino una posibilidad concreta que podría explicar el silencio de las grabaciones. Y mientras siguen aguardando por respuestas definitivas, la interrogante que persiste es sencilla pero brutal: ¿qué ocurrió entre las horas que nunca quedaron registradas en video y por qué nunca llegaron a entregarse a la justicia?
