La madrugada del miércoles 18 de febrero de 2026 arrojó una escena que podría convertirse en símbolo de la violencia que golpea a las grandes ciudades chilenas: un hombre de 43 años, comerciante de nacionalidad dominicana, fue secuestrado por delincuentes frente a su pareja en la comuna de Independencia, en lo que autoridades califican ya como un delito de extrema violencia en pleno barrio urbano.
Un video difundido entre las autoridades y medios muestra a la esposa de la víctima conversando desesperadamente con los secuestradores, en un intercambio cargado de tensión y miedo: “Dime dónde te lo llevo todo eso, no le hagas más daño por favor”, suplica la mujer al otro lado de la línea, implorando por la vida de su compañero mientras intenta negociar el rescate exigido por los antisociales. En el registro, se oye claramente cómo uno de los captores responde con amenazas y una advertencia brutal que deja en evidencia la precariedad de la vida frente a este tipo de criminalidad.
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Secuestro en Independencia
Aunque el monto inicial de $30 millones de pesos fue difundido como la suma de la extorsión, versiones posteriores señalan que —finalmente— los captores recibieron una cifra menor antes de liberar al hombre tras cerca de 12 horas de cautiverio, según fuentes policiales y familiares de la víctima. La información preliminar indica que fue la propia víctima quien, una vez dejado en libertad, se presentó por sus propios medios en una unidad policial, lo que puso fin a un episodio que mantuvo en vilo a su familia y a las autoridades.
Fuentes de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) detallan que se habría tratado de un rapto con “características complejas”: la víctima fue perseguida, reducida y subida por la fuerza a un automóvil por parte de dos sujetos, quienes comenzaron la negociación con fotografías y amenazas a través de mensajes a la pareja. La agresión y el nivel de intimidación no solo expusieron la crudeza del delito, sino también el temor cotidiano de quienes viven en sectores donde la seguridad parece cada vez más frágil.
Este caso, que ha sido investigado por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros (BIPE) de la PDI, reaviva un debate urgente sobre la prevención del crimen violento en Chile y la respuesta del Estado frente a estos hechos. El alcalde de Independencia ha señalado en declaraciones públicas que el sector donde ocurrió el rapto sufre constantes episodios de inseguridad, lo que para muchos vecinos ya no es una sorpresa, sino una dura realidad que parece avanzar sin una respuesta efectiva.
